La crisis económica producto del ajuste quedó evidenciado en un informe de la ONU que nos ubica entre los pocos países donde creció el hambre desde 2015. Un alarmante informe de la Organización de las Naciones Unidas deja en evidencia las graves consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país. Argentina está entre los únicos países del continente que aumentó el hambre desde 2015. De acuerdo con el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en la región, el hambre aumentó en solo tres países: Argentina, Bolivia y Venezuela. La documentación data los últimos tres años, que coinciden en nuestro país con el comienzo de Cambiemos como gobierno. Si bien Haití es el país con mayor número de personas subalimentadas de la región, con 5 millones, aun así redujo el número como también sucedió en Colombia, México y República Dominicana. Según el documento el hambre afecta a 39.3 millones de personas, el 6.1% de la población regional. Otro problema del que documenta el informe es el aumento de la obesidad. Unas 250 millones de personas tienen sobrepeso en Latinoamérica, una realidad que preocupa a los especialistas. “La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso. El sobrepeso afecta al 7.3% (3.9 millones) de los niños y niñas menores de cinco años, una cifra que supera el promedio mundial de 5.6%”, señaló el informe. Fuente: www.eldestapeweb.com
Flagrancia: fuerte comunicado de juristas tras la medida de criminalizar la protesta
Luego de conocerse la medida que quienes corten calles serán juzgados por el sistema de Flagrancia. Juristas por los Derechos Humanos e igualdad de género en San Juan, presentaron una fuerte respuesta a la medida que intenta criminalizar y estigmatizar a quienes se manifiesten. COMUNICADO DE PRENSA RECHAZO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN SAN JUAN Desde nuestra organización “JURISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO”, reafirmando nuestra postura crítica respecto de la ley provincial de procedimiento de flagrancia, nos expresamos ante la denuncia realizada por diversas organizaciones sociales según las cuales el Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Sr. Armando Sánchez, expresara ayer que hay órdenes del Sr. Gobernador de “aplicar el procedimiento de flagrancia” a todos aquellos que corten calles, realicen marchas y diversas actividades de protesta, diciendo lo siguiente: En primer lugar como juristas, profesionales del derecho y ciudadanos nos preocupa la injerencia de un Poder sobre otro. De ninguna manera el Poder Ejecutivo puede ordenar al Poder Judicial la forma de llevar adelante su labor ni las conductas que debe o no considerar delito. Tal proceder violaría groseramente el principio de división de poderes consagrado en nuestro sistema republicano. En segundo lugar, y en relación a la decisión del Ejecutivo Provincial de aplicar el procedimiento de flagrancia a las manifestaciones (tal como lo habría expresado el Ministro) sostenemos lo siguiente: el procedimiento abreviado de Flagrancia establecido por la ley provincial 1465-O rige para los delitos que tienen una pena máxima en la escala penal de 20 años de prisión o reclusión o concurso de delitos que no supere dicho monto de pena. Sin embargo, este procedimiento no se aplica a los delitos que son competencia de los juzgados correccionales, es decir aquellos que tienen penas menores a 3 años. Por lo tanto, el delito establecido en el art. 194 del Código Penal (corte de calle) cuya pena máxima no supera los dos años de prisión, ESCAPA A LA COMPETENCIA DEL JUZGADO DE FLAGRANCIA. Por ende, si el Ministro Sánchez quisiera ver hecho realidad su deseo de aplicar flagrancia a las protestas públicas, no sólo debería interferir en la esfera del Poder Judicial, sino que además debería imputar a los manifestantes otro delito suceptible de ser juzgado con el procedimiento de flagrancia, cómo por ejemplo la comisión de daño a los bienes públicos. ¿Sabe el Ministro que en manifestaciones futuras se cometerán éstos delitos y que procederá la aplicación del proceso de flagrancia? La convicción de aplicar el proceso de flagrancia a manifestaciones nos llevan a dos posibles escenarios, ambos preocupantes: la imputación de delitos que no son inherentes a la protesta, forzando la aplicación de flagrancia, o la pretendida intencionalidad de modificar la ley 1465-O e incluir el Art. 194 del Código Penal. Es importante destacar que el Derecho a la Protesta como conjugación del Derecho a Peticionar a las autoridades y el Derecho a expresarse se encuentra protegido por el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (ambos tratados con Jerarquía constitucional). Tanto nuestra Constitución, como dichos Tratados, cuentan con mayor jerarquía que la orden emanada por parte de un Ministro o de un Gobernador. Vemos con suma preocupación la aplicación del proceso de flagrancia ante el ejercicio Constitucional de un derecho humano como lo es “el derecho a la protesta” y cómo lo son los innumerables derechos sociales que constituyen el reclamo de fondo en las protestas, considerando que la ley 1465 –O debiera modificarse excluyendo el proceso de flagrancia ante tal situación, tal como ocurre con la llamada “ley anti terrorista” 26.734 que en su Art. 3 incorporado al Art. 41 quinquies establece que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.” Aprovechamos el presente comunicado para recordar que el dictado de órdenes contrarias a la constitución nacional, atribuyéndose facultades que son competencia de otro Poder del Estado podría encuadrar en el art. 248 del Código Penal. Exigimos que el gobernador de explicaciones inmediatamente, garantice la seguridad de todos los manifestantes, asegure el derecho a la protesta y no abandone las negociaciones con los movimientos populares, sindicatos y todo ciudadano en San Juan que pretenda manifestarse. Por último, instamos al Sr. Gobernador a que rectifique los dichos emitidos por el Ministro Sánchez y tome las medidas necesarias con dicho Funcionario. En un sistema constitucional y político como el nuestro, en donde la ciudadanía se expresa en épocas de comicios, quedando marginada por escasos o nulos mecanismos de participación directa (consultas e iniciativas populares, revocatoria de mandatos etc.), el “derecho a la protesta” cobra gran significación, siendo la única forma de ser visibilizados ante un sistema económico que cada día excluye a miles de familias. Por ello consideramos al derecho a la protesta como el más importante de los derechos, siendo el que permitió el nacimiento de otros también importantes. Como juristas comprometidos con los Derechos Humanos, poniendo nuestra profesión al servicio de los más humildes y desprotegidos instamos al respeto absoluto del mismo. JURISTAS POR LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO Contacto: Dr. Javier Alamino (264 503-4917) Dr.Federico Sanna Baroli (264 415-8326) Dr. Reinaldo Bedini (264 661-6651).
Confirmado: el plus de fin de año será obligatorio para privados
Lo afirmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El bono de $5.000 sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas. Financiarán a quienes no puedan pagarlo. El ministro Dante Sica confirmó este miércoles que el pago del bono de fin de año, por 5 mil pesos, será obligatorio para el sector privado, pero no así para el público». «Ayer tuvimos una muy buena reunión entre la CGT y los sectores empresariales. El bono sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto», puntualizó el funcionario. En ese sentido, explicó: «pusimos el límite de 5 mil pesos como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo». «La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo», añadió. Sica resaltó que «venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado». «Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar», indicó a Radio Continental el ministro. Sica reconoció el «impacto de la crisis» en los salarios, pero aclaró que desde el Gobierno «estamos haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento». En este marco, en la reunión de ayer también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de una resolución a publicarse en el Boletín Oficial. La intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.
Economía: el bono de $5000 abrió una nueva crisis
La publicación del decreto podría dilatarse porque la letra chica generó cruces entre empresarios y sindicatos con el gobierno. El gobierno quiere que los empleados públicos no lo perciban y que sea obligatorio para el sector privado. La UIA pone en duda la capacidad de las Pymes. No será fácil la redacción del decreto que el gobierno aspira a publicar mañana en el Boletín Oficial y que, en general, otorgará un bono de fin de año de $5000 en dos cuotas para los trabajadores del sector privado. Luego del acuerdo de intenciones sellado el martes en el Sindicato de la Sanidad en una reunión tripartita de la que participaron dirigentes de la CGT, el gobierno en la persona de Dante Sica y Jorge Triaca y la UIA con su titular Miguel Acevedo a la cabeza, fueron muy variadas las versiones acerca del alcance y modalidad de aplicación del plus de fin de año. El decreto, en principio, se daría a conocer el jueves. El mismo Dante Sica salió a aclarar esta mañana las características y el alcance de la medida con la que esperan que la CGT por la tarde resuelva formalmente dejar sin efecto el quinto paro nacional que habían anunciado sin fecha. Ante las versiones cruzadas, el mismo Ministro de Producción y Trabajo, en declaraciones a radio Continental reconoció que el bono no alcanzará a los empleados públicos que negociarán una actualización propia, que también podría incluir un bono, a partir de la reapertura de sus negociaciones paritarias. Con todo, aseguró que el bono sería de cumplimiento obligatorio para las patronales privadas y que, para el caso de aquellas que manifestaran no contar con los recursos para afrontarlo, el gobierno gestionará líneas de financiamiento especiales que podrían canalizarse a través de la banca pública. Por otro lado, en sus declaraciones, eximió el otorgamiento del bono a aquellos sectores que haciendo uso de las cláusulas de revisión hayan superado el umbral del 40%. Del mismo modo aclaró que aquellos sectores que ya hubieran acordado actualizaciones con cuotas pautadas a futuro podrán hacer uso del bono como un adelanto a cuenta de esos pagos. Las aclaraciones de Sica, lejos de traer tranquilidad generaron una batería de cruces entre los sectores involucrados que, incluso, podrían poner en riesgo la publicación del decreto para el día de mañana e incluso el propio acuerdo. Desde la UIA, uno de sus vicepresidentes, Daniel Funes de Rioja, aseguró que el 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago y bregó por una flexibilidad del acuerdo para que, eventualmente, se puedan disponer en “tres o cuatro cuotas”. El dirigente de COPAL se quejó por las altas tasas de interés que deberían afrontar las empresas que se vean obligadas a pedir un crédito y pidió “financiamiento blando”. De ese modo se trataría de una suerte de subsidio estatal para el sector privado. La CAME, por su parte, adelantó que “no todas las empresas pueden afrontar un bono de $5000” y propuso “seguir dialogando con el gremio para analizar si se aumentan los planes de pago en más cuotas segmentando el tipo de empresa, que sea no remunerativo y como adelanto de futuras paritarias.» En el otro extremo a los referentes de la CGT tampoco le gustaron las declaraciones de Sica e incluso volvieron a amenazar con desempolvar la posibilidad de una medida de fuerza. En particular no están de acuerdo con la exclusión de los trabajadores que ya hubieran reabierto sus paritarias ni con la posibilidad de que el bono sea contemplado como un adelanto a cuenta de las cuotas futuras ya acordadas. En la Alimentación, por caso, ya entró en una impasse una reunión pautada para los primeros días de diciembre con el propósito de revisar el acuerdo sellado. Desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) integrado por el sindicato Camionero, el Smata y los sindicatos de la Corriente Federal repudiaron el bono por insuficiente e incluso consideran la posibilidad de tomar una medida de fuerza coordinada con las CTA.
Víctima de un Estado ausente, murió la nena de 13 años que fue sometida a una cesárea de urgencia
Perteneciente a la comunidad qom, llegó a un hospital chaqueño con un embarazo de 29 semanas que agravó su cuadro de desnutrición. La reacción ultraconservadora contra la Educación Sexual Integral se cobró otra víctima, que en realidad fue víctima del Estado, que no protegió sus derechos sexuales y reproductivos ni garantizó su acceso a la salud y a una alimentación adecuada. El último parte médico dio cuenta del fallecimiento de la niña chaqueña de 13 años, perteneciente a una comunidad qom, que había sido sometida a una césarea de urgencia en el Hospital Julio C. Perrando, de Resistencia. Así lo confirmó a la prensa Liliana Ensisa, cordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia de la provincia de Chaco. La niña estaba desde ayer en estado crítico, con una falla multiorgánica, originada en una infección respiratoria grave, sumada al estado de gestación en el que llegó al hospital (cursaba la semana 29), que profundizó el cuadro de desnutrición crónica que padecía. Según fuentes del hospital, la adolescente no estaba escolarizada y convivía desde hacía dos años con un joven de 19. La niña había sido trasladada a la capital provincial el viernes 2, desde el Hospital del Bicentenario “General Güemes”, de Juan José Castelli, y estaba acompañada por su padre y una tía, menor de edad. El bebé que nació, prematuro extremo, pesaba menos de un kilo y murió a las pocas horas. Ensisa, médica pediatra, había asistido en junio a plenario de comisiones de Diputados que comenzaba a debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, al cabo rechazado por el voto de los 38 senadores “percha”. Aquella exposición de Ensisa permitía entrever la realidad de la educación sexual integral en su provincia, con altas tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, y más grave aún en comunidades fuertemente vulneradas en sus derechos como los pueblos originarios. En Chaco, el porcentaje de embarazos adolescentes es del 23,6% del total. Y un 56,6% de ellos son no intencionales. Cada año se producen sólo en esa provincia 1881 egresos hospitalarios por abortos realizados en situación de clandestinidad. Un comunicado de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, difundido antes de que se conociera la muerte de la niña, expresó su “repudio, preocupación y alarma” ante el caso, y responsabilizó al Estado. “Cuando exigimos ¡que sea ley! es que queremos terminar con la naturalización de estas historias, en la que una niña es violentada, forzada y torturada socialmente a continuar una gestación y a parir por el sistema médico hegemónico, lo que significa poner en riesgo su salud y su vida, y por el otro lado someterla a la tutela de un Estado que le arrebata todo principio de autonomía sobre su cuerpo”.
En los últimos 12 meses de gestión Macri, los sueldos en blanco perdieron más de 15 puntos contra la inflación
A pesar de que la CGT aceptó el aún impreciso bono de hasta 5 mil pesos en negro que impuso el Gobierno, se conoció que mientras que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año los precios se dispararon un 40,5 por ciento, en el mismo período los salarios de los empleados formales sólo subieron un 25.4 por ciento. A pesar de que la CGT aceptó el aún impreciso bono de hasta $5 mil en negro que impuso el Gobierno como «paliativo» para no lanzar un paro nacional, se conoció que sólo en los últimos 12 meses de la administración de Mauricio Macri los salarios de los trabajadores en blanco perdieron 15,1 puntos contra la inflación oficial. Es que la Secretaria de Trabajo que conduce Jorge Triaca, inestable en su cargo, informó que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año los sueldos formales aumentaron un 25,4 por ciento, mientras que en ese mismo período la inflación del INDEC escaló un 40,5 por ciento. Los datos fueron publicados por el periodista Ismael Bermúdez en Clarín, según quien, en consecuencia, se desprende que el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 10,7 por ciento. La información sobre los sueldos en blanco surge de la “Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables» (RIPTE), que elabora Trabajo y que toma en cuenta las remuneraciones imponibles con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las declaraciones de las empresas. Según estos índices, mientras que en septiembre de 2017 el sueldo promedio bruto era de $25.136,35, para el mismo mes de este año (antes de los descuentos de jubilación y Salud) escaló a $31.523. No obstante, la derrota de lo que subieron las remuneraciones en blanco frente al incremento de los precios desde que gobierna Macri es estrepitosa. En los últimos dos años y 9 meses, en promedio, los salarios formales tuvieron un incremento de 99,5%, de acuerdo a los datos de Trabajo, mientras que en ese período la inflación media acumulada fue 132,8% (40,9% en 2016, 24,8% en 2017 y 32,4% entre enero y septiembre de este año). Esto quiere decir que la inflación subió 33,3 puntos más que los sueldos.
