Desde este miércoles 7, quienes corten calles serán juzgados por el sistema de Flagrancia. El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez notificó a los representantes de las agrupaciones sociales para evitar incidentes convocándolos al dialogo.
«Los convocamos sobre todo para tener más diálogo y de 20 invitados, alrededor de 4 mostraron su desacuerdo con esta medida y con lo que charlamos. Pero cortar calles es infringir la ley, nadie los trata de delincuentes. Lo que debemos crear son consensos y no generar molestias a otras personas. Una vez cortaron la calle para pedir una silla de ruedas. ¿Por qué no hicieron el pedido de la manera correspondiente? Directamente tomaron esa medida», señaló el ministro al programa «El dedo en la llaga», de radio La Red.
Luego de conocerce este grave anuncio (en un contexto de creciente crisis social y economica) que vulnera los derechos de los ciudadanos a protestar -amparados en la constitucion nacional, las organizaciones sociales, politicas y de derechos humanos no se hicieron esperar y salieron al cruce de los anuncios del gobierno provincial.
Según fuentes de este portal, desde el Ministrio de Gobierno convocaron a una reunión esta tarde para tratar este tema y la no posibilidad de pasar las elecciones (PASO) para el 24 de marzo, día Nacional de la «Memoria por la Verdad y la Justicia».
A continación algunos de los comunicados que se dieron a conocer a la prensa:
Desde el Movimiento de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa de San Juan queremos informar que ante el comunicado anunciando la Jornada Nacional en la provincia, el Ministro de Desarrollo Humano convocó esta tarde a una reunión de Organizaciones Sociales para expresar que a partir del día de la fecha todos los cortes de calle, marchas y diversas actividades públicas de carácter social serán penadas con la aplicación del procedimiento de flagrancia que rige en la provincia. Informó que dicha reglamentación se ejerce desde hoy al mediodia por pedido del Sr Gobernador Sergio Uñac. Cómo así también, que ante movilizaciones hacia cualquier ministerio o repartición, estás, será interpretadas como un cese de diálogo y acuerdos.
Consideramos que esta medida anunciada pone en riesgo la democracia y atenta contra el libre derecho de peticionar ante las autoridades de todos los ciudadanos. En momentos difíciles tanto sociales, económico como políticos es una medida que resulta insensible a las necesidades de todo un pueblo. Y demuestra además, como veníamos diciendo, que este ajuste propuesto el gobierno nacional y avalado por las provincias que aprobaron el presupuesto, no pasa sin represión
Por tal motivo consideramos posponer la jornada convocada para mañana y tratar junto a las demás organizaciones sociales y políticas de la provincia este grave atentado hacia la democracia y la libre expresión y las medidas a seguir.
Vanesa Valle
Desocupados
Raúl Furlan
Jubilados
Federico Suero
Coordinador Provincial
CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA
En San Juan, el ajuste no pasa sin represión
Siguiendo los lineamientos nacionales, el gobierno de san Juan, mediante el ministro de desarrollo humano comunico en el día de ayer a las organizaciones sociales que se aplicara penas con flagrancia a toda protesta en la calle.
En San Juan, el gobernador Uñac, que adelanto las elecciones provinciales para especular una posible candidatura a presidente, ahora quiere tapar el sol con la mano. El creciente aumento de movilizaciones masivas en la provincia se debe a la profundización de la crisis económica, que deja a muchos trabajadores, estudiantes y mujeres sin recursos para vivir.
Lo anunciado por el gobierno significara que, los estudiantes y docentes no podrán reclamar por los ajuste en las universidades, los vecinos no podrán reclamar contra los tarifazos, los trabajadores contra los despidos o suspensiones; así como otros sectores se verán limitados en plena democracia de poder protestar contra el ajuste.
Aunque pretenda distanciarse del PRO adelantando elecciones, es fiel sostén de la gobernabilidad y cómplice del ajuste ya que sus legisladores votaron el presupuesto del FMI. Si se cierran programas educativos o de salud, Uñac también es responsable por aprobar el ajuste. Por lo tanto se equivoca en su respuesta. En un momento de mayor sufrimiento de la población, la respuesta es criminalización y disciplinamiento de las protestas sociales.
Desde el MST- Nueva Izquierda, hacemos un llamado a la más amplia unidad de acción a todas las agrupaciones del campo popular a enfrentar juntos este nuevo avance represivo del gobierno provincial. Ante el ajuste del gobierno de Macri y la complicidad de Uñac, la movilización en las calles es la garantía para defender nuestros derechos.
Mary Garrido
Secretaria General
MST- SAN JUAN
Repudiamos enérgicamente los dichos del Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan, Armando Sánchez. El Ministro convocó en la tarde del día martes 5 de Noviembre a los movimientos sociales para informarles que había órdenes del Sr. Gobernador de “aplicar el procedimiento de flagrancia” a todos aquellos que corten calles y/o participen en marchas y diversas actividades de protesta.
Hoy miles de argentino/as y sanjuanino/as sufren las consecuencias de un modelo económico que no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Ante ello, el reclamo por tierra, techo y trabajo se ve cada vez más intensificado. Esta situación se da en consonancia con los intentos de prohibir la histórica Marcha del Orgullo en la ciudad de La Plata por parte del intendente PRO Julio Garro, el aumento de la política represiva de Mauricio Macri, y del ascenso de la extrema derecha en Brasil.
Es inaudito que un gobierno peronista, o que al menos se jacta de serlo, amenace con prohibir la movilización en las calles ¿Acaso no conoce el Ministro Sánchez la historia del 17 de Octubre? Exigimos que el gobernador de explicaciones inmediatamente, garantice la seguridad de todos los manifestantes, asegure el derecho a la protesta y no abandone las negociaciones con los movimientos populares, sindicatos y todos los espacios que estamos sufriendo el ajuste del gobierno nacional avalado por nuestro gobernador.
En segundo término, más allá de nuestras críticas al procedimiento de flagrancia en sí mismo, consideramos que los dichos del Ministro son de una torpeza extrema. De ninguna forma un Gobernador (Poder Ejecutivo) podría ordenar a un Juzgado de Flagrancia (Poder Judicial) la forma de llevar adelante su labor ni las conductas que debe o no considerar delito. El procedimiento de Flagrancia, es un procedimiento abreviado, establecido por la ley provincial 1465-O. El mismo rige para los delitos que tienen una pena máxima en la escala penal de 15 años de prisión o reclusión o concurso de delitos que no supere dicho monto de pena. Sin embargo, este procedimiento no se aplica a los delitos que son competencia de los juzgados correccionales, es decir aquellos que tienen penas menores a 3 años. El único delito que podría imputarse a quienes cortan una calle, haciendo una interpretación sumamente conservadora del tipo penal y en sintonía con las visiones más reaccionarias del Derecho sería el establecido en el art. 194 del Código Penal. No obstante, la pena de ese delito no supera los dos años de prisión, por lo que NO ES COMPETENCIA DEL JUZGADO DE FLAGRANCIA. Por ende, si el Ministro Sánchez quisiera ver hecho realidad su deseo de aplicar flagrancia a las protestas públicas, no sólo debería interferir en la esfera del Poder Judicial, sino que además debería inventarse un delito.
La creación de los delitos es competencia exclusiva del Congreso Nacional y no de un Ministro de Provincia. Por supuesto que, otra posibilidad, sería intentar hacer encajar la protesta en cualquier otra figura típica por hechos que ocurran en conexidad con la protesta, por ejemplo “resistencia a la autoridad”. Si bien tenemos antecedentes lamentables de ello en nuestra provincia, consideramos que en caso de avanzarse en ese camino, se consolidaría una política represiva aún más fuerte que la del mismo Gobierno nacional.
Además de lo dicho, el Derecho a la Protesta se encuentra protegido por el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (ambos tratados con Jerarquía constitucional). Tanto nuestra Constitución, como dichos Tratados, cuentan con mayor jerarquía que la orden emanada por parte de un Ministro o de un Gobernador.
No tenemos dudas que hay un avance represivo en nuestra región y en nuestro país, pero estamos dispuesta/os a resistir en unidad, y haciendo uso de nuestros Derechos constitucionales, como lo es el Derecho a la protesta. Le recordamos al Señor Ministro, que él no puede dictar órdenes contrarias a la constitución nacional, atribuyéndose facultades que son competencia de otro Poder del Estado. Esta conducta podría encajar en el art. 248 del Código Penal, por lo que evaluaremos las medidas legales a seguir ante tremendo atropello a nuestros Derechos.
Por último, instamos al Sr. Gobernador a que rectifique los dichos emitidos por el Ministro Sánchez y tome las medidas necesarias con dicho Funcionario. Le recordamos al Gobierno provincial y a la comunidad sanjuanina que nadie elige como primera opción salir a protestar por la falta de trabajo, casa o por no poder llevar un plato de comida a su casa; la protesta pública es la última herramienta que les queda a quienes son ignorados y excluidos por el sistema económico.
PATRIA GRANDE SAN JUAN
Organización política – Movimiento Popular
COMUNICADO DE PRENSA:
Las organizaciones abajo firmantes queremos expresar que ante los dichos expresados por el Ministro Armando Sánchez, titular del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, en la reunión que se realizo el día martes 6 de noviembre del 2018, donde menciono “que a las organizaciones sociales que corten calles se le aplicara el procedimiento de flagrancia” y en algunos medios de comunicación:“los convocamos sobre todo para tener mas dialogo y de 20 invitados, alrededor 4 prestaron desacuerdo con esta medida y con lo que charlamos. Pero cortar la calle es infringir la ley, nadie los trata de delincuentes».
Teniendo en cuenta el derecho a la protesta que nos asiste ante el ataque en los derechos sociales y conseguidos tras muchos años de lucha, derechos reconocidos constitucionalmente y por tratados internacionales en el que nuestro país es parte.
Como así, los dichos de que se aplicaría el procedimiento de flagrancia, en los casos de cortes de calles, cuando nosotros ejercemos nuestro derecho de protesta justamente en las calles, en el sentido de que nos manifestamos porque hay una o varias necesidades insatisfechas o derechos violados. Es así que se agrava, porque un Ministro se entromete en la división de poderes, donde en todo caso la justicia decidirá bajo procedimientos legales, que sistema aplicar.
Por lo tanto solicitamos al Gobernador de la Provincia Sergio Uñac, que se expida o aclare sobre estos dichos.
ORGANIZACIONES FIRMANTES.
Multisectorial 21F,
CTA de los trabajadores, CTA Autónoma, CAMIONEROS, La Bancaria, SATSAID, SADOP, ADICUS, CCC, FUSJ, SITRAIC.
