La consultora Ecolatina estimó en un informe difundido este domingo, que en el último cuatrimestre del 2018 habrá «una fuerte contracción en el volumen de ventas y un mayor consumo a plazo»,pese a que el INDEC informó que las ventas en los supermercados crecieron nominalmente 24,8% interanual en el acumulado a agosto. Según la consultora, la aceleración de la inflación a partir de septiembre, producto del salto del dólar a fines de agosto (esperan un aumento del nivel de precios cercana al 20% en los últimos cuatro meses del año), «continuará deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las recomposiciones salariales que se vienen logrando en las últimas semanas -de manera aislada y solo afectando al sector privado formal- apenas atenuarán la caída del salario real, que en promedio caerá más de 11% interanual en el último cuatrimestre del año». En ese sentido, agrega que, entre septiembre y diciembre el ingreso disponible de las familias tras el pago de servicios públicos se contraerá en mayor magnitud producto de que en los últimos cuatro meses del año tendrá lugar un aumento superior al 20% de los bienes y servicios Regulados, incrementando los gastos fijos (gas, electricidad, Transporte y combustibles) de los hogares, reduciendo aún más la cantidad de dinero disponible para volcar en el consumo de otros bienes. «Por este motivo, para los próximos meses es de esperar que los comportamientos identificados en agosto (caída del consumo, avance del canal mayorista, aumento de compras bajo promoción e incremento del uso de tarjetas de crédito) se intensifiquen en el último tramo del año», señala. «Asimismo, pasado el mundial y con un dólar más caro, esperamos un desplome de las compras de electrodomésticos (y demás bienes durables)», destaca la consultora. En tanto, detalla que la caída del consumo y la persistencia en el financiamiento se dará a pesar de las incremento de las ventas en supermercados y mayoristas registrada en los primeros ocho meses del año. En otro orden, Ecolatina remarca las estadísticas del INDEC, que dieron cuenta del aumento de las ventas en los supermercados en dicho período (crecieron nominalmente 24,8% interanual en el acumulado a agosto, mientras que el mayorista engrosó su facturación 26,7% i.a). Detalla asimismo que considerando el aumento promedio de precios del sector de 23,9% i.a. y 24,5% i.a., los canales exhibieron un incremento real de 0,8% i.a. y 1,8% i.a., respectivamente. «Teniendo en cuenta que en el mismo período la economía se contrajo 0,9% i.a., el desempeño del sector fue favorable», agrega. Sin embargo, afirma que parte de dichas mejoras se relacionan con la buena performance que experimentó el rubro Artículos Electrónicos y para el Hogar, en un año donde el mundial de fútbol impulsó las ventas de televisores y el precio de dichos bienes creció menos que el promedio de precios de la economía producto de la eliminación/reducción de impuestos internos y de importación para un grupo de artículos. «De hecho, excluyendo la facturación generada por la venta de electrodomésticos, los supermercados muestra un retroceso de 0,1% i.a. en volumen en el acumulado a agosto, mientras que el canal mayorista continuo en terreno positivo (+1,4% i.a.)», sostiene. Por último, da cuenta de los factores detrás de la dinámica de crecimiento de ventas en los primeros ocho meses del año. «En primer lugar, según Kantar World Panel, las compras efectuadas bajo algún tipo de promoción en los supermercados crecen en torno al 30% i.a. y representan casi 1 de cada 5 compras en estos comercios. Esto pone de manifiesto la importancia de las promociones para lograr captar consumidores, actuando como un factor que permite orientar al consumidor hacia productos con un precio unitario más atractivo», describe. Y añade que, paralelamente, los datos de INDEC muestran que, a pesar del elevado costo de financiamiento, aumentaron las compras con tarjeta de crédito 10,4% i.a. en términos reales en agosto (considerando supermercados y mayoristas), mientras que los pagos en efectivo o tarjeta de débito cayeron 0,5% interanual. «Esto se debe a la importancia de los descuentos bancarios al abonar con tarjeta y a qué, frente a un escenario de caída del salario real (en torno al 3 por ciento interanual en el acumulado a agosto) hay sectores que deben ajustar sus gastos, y en la perspectiva de no poder afrontar la totalidad de las erogaciones del mes, difieren parte de ella», concluyó.

Son $140 millones y serán eliminados de manera gradual. El reclamo por la separación Iglesia-Estado comenzó con el debate del aborto. Si no surge ninguna disidencia de última hora, la Iglesia producirá esta semana una clara señal de que se encamina a prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado –unos 140 millones este año-, que apenas representa el 7% del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política. En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad. Pero ahora la voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante su segundo y último plenario del año que sesionará desde este lunes y hasta el viernes en Pilar. El cónclave se realiza luego de la polémica por la misa que ofició el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, a pedido de varios gremios opositores que contó con la presencia en primera fila de los camioneros Hugo y Pablo Moyano; de la actitud del presidente de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lugones, de recibir al líder camionero un día después del pedido de detención de su hijo. y de que el Papa Francisco firmara tras la audiencia general de los miércoles una remera con la inscripción del lema que tuvo el oficio religioso “pan, paz y trabajo”- que le acercó una integrante de la fundación La Alameda, que encabeza Gustavo Vera. Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, no terminaron de fructificar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto. Pero el más que dilatado objetivo para acabar con el aporte estatal que para muchos, incluso dentro de la institución católica, constituye una rémora, cobró un imprevisto impulso ante el debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado. En rigor, la llamada “separación” se consumó en 1966 con la firma del Acuerdo entre el Vaticano y el Estado argentino luego de años de conversaciones. Cuestiones como la injerencia del Gobierno en la designación de obispos –que, en buena medida, ya era letra muerta- fueron suprimidas. Y se consagró la fórmula de “autonomía y cooperación” para regir la relación. La reforma constitucional del ’94 quitó la exigencia de ser católico para aspirar a la presidencia pero mantuvo el artículo 2 que dice que “el gobierno federal sostiene al culto católico”, lo que además respalda, en los hechos, un status jurídico relevante. Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia. Aquí no figuran los subsidios a sus escuelas, tema que no integra las conversaciones en curso porque también lo reciben otros cultos pero ninguno por ser confesional, sino en base al principio de libertad de enseñanza. El contenido de las tratativas entre la Conferencia Episcopal y la secretaría de Culto de la Nación y la jefatura de Gabinete se mantienen en reserva. Históricamente se tuvo como referencia los sistemas de España, Italia y Alemania, donde el ciudadano destina una pequeña parte de sus impuestos a la religión a la que pertenece o a la ayuda social. Pero al parecer esos modelos fueron dejados de lado en las conversaciones, acaso porque implicaría una ley del Congreso con un farragoso debate. En cambio, colectas especiales -al estilo Cáritas- se considerarían más viables. Con todo, siempre queda la posibilidad de que el Estado otorgue beneficios impositivos u otorgue incentivos a quienes quieran donar que, por cierto, no deben alcanzar solo a la Iglesia católica, sino a las demás confesiones y, en general, a las entidades de bien púbico. Sea como fuere, la católica debe afrontar varios escollos. Ante todo, la escasa conciencia de sus fieles de sostener su culto, favorecido por la extendida creencia de que el Estado financia totalmente al catolicismo. Y la necesidad de que las diócesis con más recursos asistan a las de menores, además de un sistema de ayuda para obispos retirados. Como contrapartida, destacan los expertos, la prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones –en especial, las evangélicas- y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos. FUENTE. clarin.com