Tras la detención de cuatro extranjeros en la marcha contra la media sanción del Presupuesto en Diputados volvieron a activarse discursos xenófobos en parte de la dirigencia política, encabezados por el senador Miguel Ángel Pichetto. En ese contexto, el gobierno nacional pretende impulsar un endurecimiento de la ley migratoria para “hacer foco en los inmigrantes ilegales y en aquellos que delinquen”. En un informe publicado en el blog Pescado fresco, de la Red de Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC), la académica María Inés Pacecca, profesora de Facultad Filosofía y Letras de la UBA y responsable de estudios de la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF), desmintió muchos de los lugares comunes para justificar los discursos xenófobos. Aunque trabajen más, sus trabajos son casi siempre precarios e informales. Hay 20 puntos de diferencia entre el trabajo registrado de los/as argentinos/as y el trabajo registrado de las y los migrantes. Cuando el desempleo baja, baja para todos: argentinos/as e inmigrantes. Es decir que la nacionalidad de la fuerza de trabajo no guarda relación directa con el empleo o el desempleo. ¿Será entonces que el trabajo tiene que ver con otro tipo de decisiones políticas y económicas? En relación a quiénes estaban en las cárceles en 2017: de 85.300 personas detenidas, solo 5.100 eran extranjeras. Entre los argentinos, 55% estaba condendado y 45% procesado. Entre los extranjeros, 40% estaba condenado y 60% procesado. (Fuente: Base de datos SNEEP). Otro lugar común refiere a “los países serios”, cuyas políticas migratorias son más “serias”. Prueba de esa seriedad es que “no entra cualquiera ni te dan el documento así nomás”. Curiosamente, esos países serios con políticas serias tienen gravísimos problemas directamente vinculados con esas políticas. Como expresó en 2016 el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes en su informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “si se coloca una barrera entre los factores de expulsión y los de atracción para prevenir la movilidad, pero no se responde a la necesidad de los trabajadores de abandonar el país, se favorece la creación de un mercado laboral clandestino floreciente. Cualquier intento de sellar las fronteras sin ofrecer vías más accesibles, regulares, seguras y asequibles para la inmigración seguirá siendo un fracaso de enormes proporciones” (A/71/285, párrafo 12). En términos bastante claros, el Relator señaló que el conjunto de situaciones que preocupa a los Estados [serios] es resultado de la acumulación de diversas políticas, incluidas las migratorias, que construyen las barreras con las que se sellan las fronteras. Su conclusión: “el status quo no es sostenible”.

Un Procurador Federal ante la CSJN dijo que es inconstitucional la norma que prohibe la minería a cielo abierto. El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la Ley 9.526 de la provincia de Córdoba que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, la actividad minera de minerales nucleares como el uranio y el torio, y el uso de determinadas sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. En primer lugar, consideró que la provincia dictó esa norma en ejercicio de su competencia en materia ambiental y a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el ámbito de la minería. En segundo lugar, advirtió los efectos graves e irreversibles que las actividades prohibidas conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua y, en ese marco, entendió que las medidas adoptadas son coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental. El caso se había iniciado a raíz de una acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) contra la Ley provincial 9526 que establece las prohibiciones referidas. Las accionantes habían señalado en su demanda que la ley avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional 24.804 de Actividad Nuclear, lo que implica la afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación. Además señalaron que las restricciones estipuladas a la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba que había rechazado la demanda impugnatoria de la ley provincial 9526. El tribunal local había considerado que esa norma fue dictada en ejercicio de competencias de la provincia en materia ambiental y que no se encuentra en contradicción manifiesta con el Código de Minería. Además, había señalado que la ley local es razonable en tanto constituye una medida de tutela esencialmente preventiva. El representante del Ministerio Público recordó, en primer lugar, que el artículo 41 de la Constitución Nacional “reconoce en materia ambiental competencias al Estado Nacional y a las provincias, que se organizan bajo el principio de complementariedad”. Agregó que “De acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección, y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, aumentando el nivel de protección ambiental establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”. Sobre la base de ese principio de complementariedad, explicó que las provincias se encuentran autorizadas a establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela ambiental en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial. Bajo esas premisas, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la Constitución Nacional, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería. Además, afirmó que la ley provincial cuestionada no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería. Al respectó, distinguió que ese código regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera en base a criterios de protección ambiental. Puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias en  los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, estimó que esa previsión del artículo 233 era aplicable en materia de minería nuclear. En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley local resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras, si se tiene en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades allí prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua, en la provincia de Córdoba. En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los  principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad, que guían el derecho ambiental y se encuentran prescriptos en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Recordó que esos principios deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro. Entre algunos de esos efectos, trascribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y por consecuencia de cuencas completas” y que “los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de agua que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”.  El representante del Ministerio Público Fiscal ponderó además estudios técnicos presentados en la causa, y los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit (“Los Gigantes”) que fue explotada en la provincia

El ministro de Economía defendió el cuestionado Presupuesto en el Senado, luego de que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. El debate continuará mañana con la presencia de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social y el miércoles irá el ministro de Producción, Dante Sica. Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2019 se comenzó a debatir en la Cámara de Senadores con la presencia del ministro de Economía, Nicolás Dujovne. El funcionario defendió el pryecto y destacó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre el acuerdo con el FMI y su relación con la «ley de leyes», manifestó:»En las circunstancias que atraviesa la Argentina donde no hemos terminado de corregir los desbalances heredados, sin el apoyo del Fondo el ajuste fiscal tendría que ser mucho mayor». Esto fue luego de que la senadora Magdalena Odarda trajera a colación el tema: «Tenemos que reconocer que lo que está haciendo este presupuesto es blanquear el acuerdo con el FMI: es un presupuesto que profundiza la desigualdad en un país donde ya tenemos índices del 27 por ciento de la población bajo la línea de pobreza». El debate continuará mañana con la presencia de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social y el miércoles irá el ministro de Producción, Dante Sica. Además, el martes 6 expondrá Rogelio Frigerio, ministro del Interior, quien estuvo encargado de las negociaciones con los gobernadores.

Será la primera vez que el Estado ensayará con pacientes que sufren epilepsia refractaria. El resultado será clave para adoptarlo oficialmente como terapia. En marzo del 2017 el Congreso aprobó el uso medicinal del cannabis, en el que el aceite producido a partir de la planta de marihuana será administrado por primera vez bajo responsabilidad del Estado. En septiembre el gobierno reglamentó la ley parcialmente y ahora se realizará un ensayo clínico ideado y supervisado por el Hospital Garrahan. Este lunes recibirá el aceite un paciente de 15 años y, en promedio, se incorporarán unos ocho chicos por mes al seguimiento coordinado por el hospital. En total, el ensayo prevé estudiar a al menos cincuenta pacientes en el Garrahan y a otros cincuenta en centros de salud de otras provincias. Según explicaron las autoridades y quienes llevarán a cabo este ensayo, Roberto Caraballo -investigador jefe del protocolo que elaboró el ensayo clínico y jefe del Servicio de Neurología del Garraham- y Carlos Kambourian -presidente del Consejo de Administración del Garraham, se mostraron expectantes con los resultados de la utilización del cannabis. Roberto Caraballo, le dijo a Clarín que «La investigación dura dos años pero esperamos poder tener las primeras conclusiones sobre lo que ocurre con los chicos en marzo del año que viene.Tenemos esperanza», dice, y agrega: «Tenemos expectativa médica y científica, creemos que podemos ayudar a los pacientes». Carlos Kambourian, presidente del Consejo de Administración del hospital, agrega a los dichos de Caraballo: «Creemos que este estudio puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los chicos y de sus familias. Muchas veces, aunque no se detecte a simple vista, un chico epiléptico está convulsionando. Si podemos reducir el número diario de esas crisis estaremos mejorando su vida. Hay muchos papás y mamás esperando este estudio sobre un tratamiento que ya se probó en otras partes del mundo». Hasta el momento,el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis creado por la ley 27.350 sólo prevé el tratamiento con los derivados de esa planta a quienes padezcan epilepsia refractaria. Es por eso que esa será la patología de los pacientes de entre uno y dieciséis años que el Garrahan contemplará para el ensayo. «La epilepsia refractaria es aquella que no manifestó ninguna respuesta ante ningún tratamiento, que puede ser farmacológico, quirúrgico o a través de alguna dieta. En esos casos, se probará con el uso de cannabis», describe Caraballo, y agrega: «En principio, se contemplarán las formas más severas dentro de las epilepsias refractarias». Según el especialista, en Argentina el 1% de la población pediátrica tiene epilepsia: son unos 120.000 chicos. El 20% de esos casos son de epilepsia refractaria. Fuente: www.diarioregistrado.com