Luis Arias estaba a cargo del tribunal Contencioso Administrativo 1 de La Plata. También había resuelto contra Vidal en su pelea con docentes El titular del Tribunal 1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, Luis Federico Arias, fue destituido de su cargo este miércoles en un fallo dividido del Jury de enjuiciamiento que analizó las 21 denuncias que pesaban contra el magistrado. La defensa adelantó que va a apelar el fallo y agotar las instancias recursivas. Desde la defensa de Arias insistieron hasta último momento en que las motivaciones del proceso eran meramente políticas y que el verdadero objetivo del Procurador Julio Conte Grand era quitar del medio a una juez que había fallado a favor de los usuarios contra los tarifazos y a favor de los docentes en medio de la negociación paritaria. El juez destituido se hizo conocido después de la inundación del 2 de abril en la ciudad de La Plata, cuando inició una investigación paralela para determinar el número de muertes que la justicia penal junto con el poder político se habían apresurado en cerrar en 52 fallecidos. La investigación de Arias elevó esa cifra hasta 89 muertos y agregó una veintena de casos dudosos, lo que le significó una profunda enemistad con el gobierno de Daniel Scioli y también con la justicia penal y los juzgados de garantías de la capital provincial. Mas cerca en el tiempo y ya bajo gestión de María Eugenia Vidal, el juez también representó una piedra en el zapato para el gobierno cuando frenó los tarifazos y ordenó la realización de audiencias públicas tal como lo dicta la constitución. Pero fue con la designación de Conte Grand como Procurador que se dio inicio al proceso que terminó con la destitución del magistrado, con el agregado de que el jefe de los fiscales era hasta horas antes de asumir, un empleado de la gobernadora, principal impulsora de la destitución de Arias. El jurado que decidió apartar al juez está integrado por el senador Roberto Costa y el diputado Walter Carusso por el oficialismo, en tanto que la oposición está representada por los diputados Jorge D’Onofrio (Frente Renovador), Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora(Unidad Ciudadana). Además están los representantes de los abogados Fabián Ramón Gonzalez (Morón); Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora); Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro); Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín). Los votos en contra de la destitución fueron los de Garate y Révora, en tanto que el resto de los mienbros del tribunal se inclinaron por apartar al juez, aunque algunos trascendidos indican que por lo menos dos de esos votos hubieran preferido una opción intermedia que incluyera algún tipo de sanción, pero no la destitución. De todas maneras la medida tiene instancias de apelación y desde la defensa del juez adelantaron que van a agotar todos los mecanismos para revertir la decisión del Jury por considerar que no existen elementos suficientes para sostener la decisión. Fuente: http://www.codigobaires.com.ar

La iniciativa fue del observatorio Ni Una Menos quienes registran los hechos de violencia contra las mujeres. «Son femicidios de Estado», dijo Raquel Vivanco, coordinadora del espacio. Luego de haberse conocido la muerte de R, la mujer que llegó al hospital de Pilar luego de haberse practicado un aborto clandestino, el Observatorio de la Violencia contra las mujeres Ni Un Menos creará un registro nacional de mujeres muertas por este motivo. “Desde el Observatorio venimos relevando los asesinatos de las mujeres por violencia de género desde junio de 2015. Venimos visibilizando los asesinatos de las mujeres por su condición de género y a partir del rechazo del Senado a la ley por la interrupción voluntaria del aborto, entendemos que es importante registrar todos y cada uno las muertes por abortos clandestinos gracias a que el debate se instaló fuertemente a la sociedad. Y a que la demanda de una ley por la legalización del aborto es masiva”, expresa Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y Presidenta del Observatorio Ni Una Menos. “No casual que en menos de un mes, durante las plenarias y luego del rechazo del proyecto en esa cámara, nos encontremos con tres mujeres muertas como consecuencia de los abortos clandestinos”, expresó Vivanco. El domingo 5 de agosto, tres antes de que se realizara la sesión en el Senado de la Nación, se conoció la muerte de Liliana Herrera, una joven de 22 años que tenía dos hijos. Herrera llegó desde Loreto al Hospital Regional de Santiago del Estero donde no pudieron salvarla. A la semana de este hecho y cuando ya había sido rechazada la media sanción en el Senado, Elizabeth, de 34 años ingresó al Hospital Belgrano, de San Martín con una infección provocada por un aborto clandestino. Veintiocho horas después del ingreso, murió. Dos después, el jueves se supo de la muerte de otra mujer en Pilar. “Vamos a apelar a las mismas fuentes que usamos para los registros de femicidios y son los medios gráficos y digitales, el análisis de ellos para un registro que dé cuenta de la vida de estas mujeres que ya están pero que tuvieron una muerte totalmente evitable, por lo que podemos denominarlas femicidios de Estado”, afirma Vivanco. “A la par exigir la aprobación urgente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. “Seguramente no va a dar cuenta de la realidad total, será un sub registro como todo lo que tiene que ver con esta temática. Nosotras la visibilidad y la exigencia de la ley la hacemos en tanto un reclamo político de la sociedad civil para con un Estado que le niega a las mujeres el derecho de acceder a estas prácticas que pone en riesgo su salud y su vida”, agrega la coordinarora del Observatorio. Vivanco quien había participado de las exposiciones en el anexo de Diputados se refirió a lo que pasó meses después en el Senado. “Son 40 senadores que le dieron la espalda al reclamo masivo de las mujeres y del conjunto de la sociedad en nuestro país. Cuarenta senadores en contra de millones de personas movilizadas en todo el país y pidiendo por el derecho de no morir por abortos clandestinos. Esos senadores firmaron su acta de defunción política en esos días”, comentó. “Los hacemos cargo de cada muerte de aquí en más”. “Estamos gestando un cambio cultural que todavía no dimensionamos, las generaciones más jóvenes lo entienden perfectamente y vienen movilizándose para conquistar esos derechos. Esos senadores no representan ese reclamo masivo, confío que más temprano que tarde será ley porque ya conquistamos la despenalización social en la Argentina”.

A una semana de que el Senado votara en contra de la ley por un aborto seguro, se dio a conocer otra muerte por un aborto inseguro en Pilar. Treinta y ocho senadores deberán cargar con la responsabilidad de una nueva muerte por un aborto clandestino. La joven estaba internada en el Hospital Sanguinetti de Pilar y murió el lunes por la noche luego de haberse realizado un aborto inseguro. El hecho trascendió este jueves cuando el director ejecutivo del hospital, Esteban Sieling, confirmó la noticia en una entrevista a una radio local. «No tenemos permiso de los familiares para dar información. Es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia no puedo dar esa información», explicó y confirmó que «fue una muerte relacionada con un aborto provocado no espontáneo». Lo poco que se pudo saber es que se trata de una mujer mayor de edad de quien no trascendió mayores datos por cuestiones judiciales. El director del Hospital informó que «cuando la Justicia toma conocimiento de un caso así, guarda la historia clínica y no podemos brindar información de la paciente». También, trascendió que la mujer vivía en el barrio Presidente Derqui. Fuente: www.eldestapeweb.com