El genocida y último presidente de facto de la Argentina murió a los 90 años en el Hospital Militar. Antes de verse obligado a convocar a elecciones en 1983 y entregar el poder, dictó una ley de autoamnistía con la que intentó lograr la impunidad por las desapariciones, asesinatos y secuestros. Estaba en prisión, condenado por delitos de lesa humanidad. A los 90 años murió en el Hospital Militar Reynaldo Benito Bignone, el genocida y último militar que estuvo al frente del último gobierno de facto de la Argentina. Fue el presidente que en 1983 hizo el inevitable llamado a elecciones democráticas, ante una dictadura jaqueda tras la derrota de Malvinas, la debacle económica y la resistencia popular. Con el advenimiento de la democracia fue juzgado y condenado a prisión perpetua por allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios, todos delitos de lesa humanidad a los que le sumó el saqueo de las pertenencias de sus víctimas. Bignone fue el cuarto y último en la zaga siniestra de presidentes-dictadores iniciada por Jorge Rafael Videla en 1976. El 10 de julio de 1982, días después del fin de la guerra de Atlántico Sur, sucedió en el poder de facto al autor de esa aventura, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien antes de abandonar la Casa Rosada luego de la masiva movilización popular tras la rendición ante Gran Bretaña en junio de 1982 había dicho que las urnas estaban bien guardadas. Al último dictador se lo recuerda por su imagen en el traspaso de los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, pero antes de ello intentó lograr impunidad para él y sus secuaces cuando dictó los decretos que ordenaron la supuesta destrucción de los archivos de la represión de Estado y el otro de «amnistía» y «pacificación nacional», que tenía el fin de «reconciliar» a la sociedad. Nunca se arrepintió de los crímenes que mandó a ejecutar ni de los que fue cómplice. Por el contrario, se defendió de todas las acusaciones en su contra y justificó las matanzas en cuanta oportunidad tuvo. «La lucha contra el terrorismo en los sesenta y en los setenta se trató de una guerra contra integrantes de grupos subversivos que no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas», sino que tenían el objetivo de «la toma del poder por la fuerza subversiva», dijo. Entre tantas otras frases siniestras se lo recuerda por haber sostenido en una entrevista televisiva que los desaparecidos fueron “sólo fueron ocho mil”. También dijo que en el país se había librado una guerra que “fue iniciada por las organizaciones terroristas”. Además, arengó a quienes en democracia reivindican la dictadura. En 2006 se conoció una carta que le envió a una agrupación llamada Argentinos por la Memoria Completa, destinada a defender el terrorismo de Estado. A sus integrantes los llamó “modernos Quijotes”, los convocó a “arremeter” contra aquellos que “cargados de odio, deformaron la moderna historia argentina” y les dejó un encargo macabro: “Terminen lo que nosotros no pudimos terminar”. Bignone fue jefe del Estado Mayor y más tarde comandante de Institutos Militares, el organismo encargado de formación de oficiales. Recibió conscriptos, varios de ellos desaparecidos bajo bandera, y estuvo al frente de Campo de Mayo -lugar el gobierno de Mauricio Macri pretende convertir en un Parque Nacional-, donde funcionó uno de los tres grandes campos de concentración junto con La Perla, en Córdoba, y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En los juicios por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se lo halló responsable de los asesinatos y desapariciones de “colimbas” que hacían el servicio militar. También fue condenado por detenciones ilegales en el Hospital Posadas, de Morón, cuando se desempeñó como responsable de ese centro sanitario en su rol de delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social. Quedaron comprobadas también sus responsabilidades en el Plan Cóndor, con el que las dictaduras del Conosur persiguieron, detuvieron ilegalmente y mataron a militantes identificados como tales en sus países de origen. Juró proteger a sus camaradas criminales hasta la muerte. Ante el tribunal que lo juzgó por los delitos en Campo de Mayo dijo: “Para el momento supremo de dejar este mundo, resulta preferible el juzgamiento que el repudio unánime de mis superiores, camaradas y subalternos”. Fuente: www.pagina12.com.ar
Cambiamos: El servicio penitenciario elaboró un informe con casi 100 genocidas que podrían ser excarcelados
Organismos de derechos humanos advirtieron sobre el informe elevado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Figuran Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, entre otros. Casi un centenar de represores integran un listado de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria. El listado, en el que figuran genocidas como Jorge “Tigre” Acosta y el ex capellán castrense Christian Von Wernich, fue elaborado por el Sistema Penitenciario Federal y enviado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, según confirmó a este diario su presidente, el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos. “No es tarea del sistema definir sobre los casos particulares” de los presos y presas, aclaró Hornos sobre el listado que le llegó a principios de año a ese ente en el que jueces, defensores, fiscales, miembros del Congreso de la Nación y organizaciones de la sociedad civil monitorean la situación de los presos y presas en cárceles federales. Organismos de derechos humanos advirtieron por ésta situación y remarcaron que “es mentira” que mandando a la casa a imputados y condenados por delitos de lesa humanidad se va a solucionar el hacinamiento de los penales. “No son ni el 1 por ciento de la población”, apuntó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. “El único lugar para un genocida es la cárcel”, insistieron desde Hijos. Hornos confirmó a este diario que en calidad del presidente del Sistema de Coordinación recibió a fines de enero pasado un listado en el que el SPF enumeró a 1111 presos y presas en condiciones de recibir la libertad condicional o de cumplir condena en su domicilio. 96 de esos más de mil son imputados o condenados por delitos de lesa humanidad, como el Tigre Acosta, como Von Wernich; como “El Turco” Julián Simón, el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti. El SPF envió el nuevo listado con el argumento de responder a un reclamo de la Corte Suprema que buscaba dar “una solución” a la sobrepoblación de la unidad penitenciaria 28, ubicada en Comodoro Py. “No nos corresponde hacer nada con eso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es tarea del Sistema decidir sobre los casos particulares”, indicó Hornos, quien apuntó que “tampoco” saben la razón por la cual el SPF remitió el listado que ya había enviado en dos oportunidades, por lo menos, durante 2017. Este diario intentó sin éxito comunicarse con esa institución que, según un comunicado que circuló ayer, aclaró que la lista enviada “solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que están en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso” a los beneficios. En ese sentido, Iud calificó de “curioso” que sea el mismo Ejecutivo que impulsó leyes de mano dura el que se preocupa por solucionar el sobrepoblamiento carcelario. “Las cárceles no están saturadas por los casos de lesa humanidad. Por el contrario, hay una tendencia creciente a otorgarles domiciliarias. El grupo de los represores condenados e imputados no representan ni el 1 por ciento de la población carcelaria del SPF”, remarcó Iud para indicar que “es una falacia absoluta presentar que la prisión domiciliaria para los represores va a desagotar las cárceles”. Además, apuntó, “una buena cantidad (de los genocidas) están detenidos en la cárcel de Campo de Mayo en condiciones de claro privilegio”. En Marcos Paz y en Ezeiza, los presos por crímenes de lesa humanidad cuentan con un pabellón exclusivo. Por su parte, Giselle Tepper de Hijos remarcó que “no es posible” la justificación de “ningún beneficio” a genocidas que implique su salida de la cárcel. “El único lugar para un genocida es a cárcel”, insistió. “Nos preocupa el retroceso que implica el mensaje que se le está dando al Poder Judicial, el ‘consejo’ de que se mande a la casa a delincuentes que no son comunes, que se empiece a relativizar nuestro reclamo de cárcel común y efectiva –completó–. Un apropiador no deja de ser apropiador como Hidalgo Garzón no deja de ser un apropiador, un violador como el Tigre Acosta no dejar de ser un violador, no pueden volver a sus barrios”. Meses antes de que culmine el año pasado, integrantes del organismo de control de unidades carcelarias mantuvieron una reunión de carácter “interministerial” en el Ministerio de Justicia en la que participó el SPF. “Nos preocupa la sobrepoblación de las cárceles, hay en la actualidad el doble de personas detenidas que hace 15 años”, apuntó el director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria Nacional, Ariel Cejas Meliare. En ese encuentro, la Procuración pidió al PSF que enlistara a los detenidos y detenidas en condiciones de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional. Obtuvo la respuesta en diciembre, con un documento que circuló por medios de comunicación alternativos y que enumeraba a más de cien represores e imputados en condiciones de dejar los penales entre más de mil presos y presas comunes. En la lista figuraban el genocida de la bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex agente de inteligencia y apropiador Carlos Hidalgo Garzón, entre algunos otros que todavía no habían obtenido el beneficio de cumplir condena en sus casas. La Procuración Penitenciaria confirmó a este diario que realizó presentaciones judiciales para que esos beneficios se agilizaran en más de un centenar de casos. No hubo pedidos por genocidas o imputados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fuente: www.pagina12.com.a
Por DNU: el Gobierno modificará el Código Civil y Comercial
Se notificó en el Boletín Oficial la creación de la comisión para dicha tarea, a pesar de que se trata de normas que fueron modificadas hace solo 2 años. Por decisión del Gobierno se crear por decreto una comisión que modificará el Código Civil y Comercial, a pesar de que se trata de normativas aprobadas hace solo 2 años. La comisión será integrada por los juristas Julio César Rivera; Ramón Daniel Pizarro; Diego Botana; Agustina Díaz Cordero, quien se desempeñará como secretaria académica; y Marcelo Alejandro Rufino, quien actuará como secretario «ad hoc». «Los miembros de la Comisión desarrollarán su tarea ‘ad honorem’», aclara el decreto. El ejecutivo argumentó la medida: «Transcurridos dos años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción». Desde el Gobierno se enfatizó que un equipo de especialistas convocados y reunidos en el ámbito del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado trabajó en la iniciativa Observatorio del Código Civil y Comercial del Programa Justicia 2020 y «concluyó que resulta necesario efectuar ajustes puntuales al Código vigente». Foto: políticargentina.com
Histórico: América Latina aprueba el primer tratado para proteger a líderes ambientales
Después de ocho años, en San José (Costa Rica) 25 países de la región le dieron el visto bueno a un acuerdo que busca fortalecer la democracia ambiental en la región. Después de seis años de intenso trabajo y constantes reuniones, en la noche de este sábado 3 de marzo, en San José, Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo histórico: aprobaron el tratado que materializa el Principio 10, un instrumento que, en pocas palabras, busca fortalecer la democracia ambiental en la región. Tras intensas jornadas de negociación, que se habían llevado a cabo desde el miércoles 28 de febrero, las comisiones de los países llegaron a varios consensos. La idea es que, con los compromisos adoptados, los gobiernos empiecen a resolver de una mejor manera sus conflictos ambientales. En términos muy breves y sin entrar en detalles técnicos, eso implica que garanticen la adecuada participación social, el acceso a la información y el acceso a la justicia. En palabras de Natalia Gómez, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad y representante del público en la negociación, se trata de un acuerdo histórico que “sienta las bases para que los defensores ambientales tengan mayor protección” y para que exista más democracia ambiental en América Latina. “Es el primer acuerdo que hace mención expresa a esa posibilidad. Los países se comprometieron a garantizar condiciones para que estos líderes puedan ejercer su labor, sin violencia sin amenazas”, dice Gómez. Pese a que Colombia se había opuesto en algunos puntos esenciales, como lo reveló El Espectador, la comisión nacional finalmente aceptó adoptarlos. El más discutido, quizás, fue un artículo referente a la posibilidad de que hubiese reservas en el tratado. Es decir, la probabilidad de que un país tomara “reservas” en caso de que considerara que no podía cumplir alguna de las metas. Finalmente, como lo pedía la mayoría de países, se prohibió. “De haberse aprobado ese artículo no habría un estándar regional de cumplimiento”, advierte Gómez. Otro de los artículos esenciales que había generado dificultades fue el referente a la creación de un comité de facilitación y seguimiento del acuerdo. Al final se acordó la creación de ese grupo, aunque no fue aprobada la propuesta que sugería que la sociedad civil le enviara comunicaciones en caso de que algún Estado estuviese incumpliendo el pacto. Aunque en principio el pacto lo habían firmado 24 países, en las últimas horas fue incluida Nicaragua que tan solo hacía presencia en calidad de observador. Para que este pacto, mpulsado por la Cepal, entre en vigor, debe ser ratificado por once naciones en los próximos dos años. En el caso colombiano, la tarea estará en manos de la Corte Constitucional y el Congreso de la República. Fuente: www.elespectador.com
Camioneros deja la CGT: «No representa hoy los intereses de los trabajadores»
Tras el acto en el que dejaron solo a los Moyano, el gremio deja de respaldar al triunvirato. «Tenemos un camino y líneas bien claras, iniciados hace años, y no serán abandonadas», justifican. El dirigente Pablo Moyano anunció eque dejará la secretaría gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), porque la conducción de la central sindical «no representa hoy los intereses de los trabajadores«. «Renuncio, por no estar de acuerdo con esta conducción, porque no representa hoy los intereses de los trabajadores y lo que demandan«, dijo el gremio de los Moyano a través de un comunicado. «Tenemos un camino y líneas bien claras, iniciados hace años, y no serán abandonadas. Estos dirigentes están en las antípodas de la lucha obrera, entregan a los trabajadores ante la reforma flexibilizadora de (el presidente Mauricio) Macri, significando precarización, despidos, suspensiones. Quita de derechos para los trabajadores y de mayores beneficios para los empresarios«, agregó. «Ante tanta indecisión es fundamental fortalecer nuestra representación gremial en todos los sectores, sobre todo por los retos que implica ante este neoliberalismo, egoísta, materialista, antinacional, antipopular y cruel en su desmedido individualismo devastador», concluyó el gremialista.
Los estatales no aceptaron la propuesta del gobierno, piden un 20% de incremento y la cláusula gatillo.
El próximo encuentro será el jueves. Al gobierno no le fue tan bien con los estatales como le fue con los docentes. Los representantes de ATE, ATSA, UPCN, y Sitraviaps no aceptaron el 17 % de aumento que les ofreció el gobierno y habrá un nuevo encuentro el próximo jueves. Los estatales, a diferencia de los docentes, quieren un aumento del 20% más la cláusula gatillo. Los gremios estatales consideraron el impremento acordado para los docentes como insuficiente y hasta una parte de los gremios insiste en el aumento del 25%.
