Figuran las 127 actas con los registros de la capilla Estela Maris, que la Conferencia Episcopal anunció que remitirá a la justicia. Abuelas de Plaza de Mayo le había pedido al Papa acceder a esa información sin restricciones. Los organismos de derechos humanos podrán finalmente conocer si hay hijos de víctimas del terrorismo de Estado entre los 127 niños y niñas bautizadas desde 1975 a 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El pedido para conocer esa información, cuyo hallazgo fue difundido por la curia en enero, había sido planteado al Papa Francisco hace un mes por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, durante un encuentro que mantuvieron en Roma. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este martes que pondrá a disposición de la justicia federal las constancias de 127 actas de bautismo realizadas en esa parroquia que funcionaba dentro del más emblemático centro clandestino de detención de la dictadura cívico-militar en el que funcionó una maternidad clandestina. El anuncio fue realizado a través de un comunicado de prensa de la Comisión Ejecutiva de la CEA, en la que informa que pondrá a disposición del juez Federal Sergio Gabriel Torres y del Fiscal general Pablo Parenti toda esa información. El aviso fue realizado durante la reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que delibera hasta este miércoles en su sede porteña de Suipacha al 1000, presidida por el desde noviembre por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, quien desde su asunción mantuvo un diálogo fluido con los organismos. En el comunicado, la Conferencia manifestó su convicción de que la Iglesia “debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”. La CEA anunció la puesta a disposición de “la totalidad de la información” registrada en las actas de nacimiento “compartiendo el sentimiento y anhelo del Santo Padre”, dijeron. Y aclararon: “consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos”. El hallazgo había sido informado el 10 de enero pasado por el obispo castrense Santiago Olivera desde Roma, luego de que el Papa diera el visto bueno. En esa oportunidad informó que tenía en su poder el libro de bautismos de la capilla de la ESMA que registraba 127 casos entre 1975 y 1979, y comunicó que a su regreso al país analizaría con la Conferencia Episcopal “el modo de presentarlo” en sociedad. Según trascendió entonces, el libro de bautismos de la capilla -hoy convertida en el Espacio Patrick Rice en homenaje al fallecido ex sacerdote y militante por los derechos humanos-, registraba 19 registros de 1975, 14 del año del golpe, 36 de 1977, 28 de 1978 y 30 de 1979. El 7 de febrero pasado la titular de Abuelas entregó una nota al Santo Padre en la que la institución le volvió a pedir la cooperación de la Iglesia y le refirió la falta de novedades sobre unos registros de bautismo. En esa charla en el Vaticano, Francisco sostuvo que “los archivos están Buenos Aires, duplicados y certificados como verídicos”, contó Estela tras el encuentro. Seis meses antes del hallazgo del registro de bautismos de la capilla de la Esma y después de la designación de Olivera, los organismos de derechos humanos le reclamaron que asumiera la deuda histórica del obispado castrense y que resuelva la “apertura y puesta a disposición de los archivos del Obispado, tanto de la curia como de las distintas capellanías”. En la nota al Papa, Abuelas le recordó que en mayo de 2017 la Conferencia Episcopal difundió un protocolo para la consulta del material archivístico de la Iglesia en el período de la dictadura que resultó extremadamente restrictivo y reclamaron que no ocurriera eso con el libro de bautismos. La expresa mención en el comunicado de la CEA para que los organismos accedan a la información, parece responder a ese pedido. Fuente: APDH Argentina/ Tiempo.Ar

A dos días del 8M y en pleno debate por el ingreso al Congreso de un proyecto para la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), el senador de Cambiemos reiteró su postura en contra de la iniciativa incluso cuestionando los casos de violación y esgrimió argumentos de poca precisión científica. A sólo dos días del 8M y mientras diputados y senadores se preparan para iniciar la discusión sobre del proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), Estaban Bullrich se metió en la polémica al reiterar su postura contraria al aborto, pero agregando que tampoco se debería permitir «en caso de violación» y con una repudiable justificación acerca de la muerte de mujeres que se busca combatir con esta iniciativa. «Yo no estoy de acuerdo», aseguró el senador nacional de Cambiemos cuando lo consultaron sobre el protocolo de abortos no punibles para casos de violaciones, en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos. En ese punto, el legislador balbuceó una respuesta confusa: «Yo no estoy de acuerdo, sigo creyendo que ahí hay un… lo que creo que esa es una discusión distinta, que ya se dio, en su momento planteé que eso es una excepción y no una regla, entonces no debería ser una ley. Es parte de una discusión, la Corte Suprema a partir de que no había ley planteó un protocolo». No conforme, Bullrich remató con una increíble justificación acerca de la muerte de mujeres, es decir uno de las cuestiones que el proyecto busca combatir: «La ley contempla el peligro de muerte de la madre. El punto es si as 42 muertes de mujeres que abortan, justifica la cifra de 500 mil embriones muertos por aborto». «Creo que la cifra de 500 mil abortos clandestinos es exagerada», había opinado antes bajo el argumento de que por «la cantidad de nacimientos que hay en Argentina, la cifra de medio millón parece alta». El exministro de Educación de Mauricio Macri reiteró su conocida postura «contra el aborto», y sostuvo su pensamiento a partir del argumento de que «hay vida desde la concepción». En esa línea, para Bullrich «no hay suficiente información para probar que no hay vida en ese embrión», por lo que «entonces, hay que defender la vida». «El embrión que está adentro de la panza de la madre tiene un código genético diferente al del padre y la madre. Ya hay un ser que es diferente, que está empezando a formarse. La interrupción de esa formación para mí es como cualquier interrupción a partir de esa concepción. El Estado no debería avalar. Debería hacer todo el esfuerzo para que ese argentino o argentina sea defendido, porque no tiene voz», sostuvo. Foto: Radio Mitre

Luego de que el fiscal formalizara ante el Tribunal una fuerte acusación contra el excoordinador sanjuanino y que se escuchara la voz de los protagonistas, el estrado recibirá más testimonio desde las 8:30 horas. Hoy desdes las 8.30, se realiza la segunda audiencia por el juicio contra el sanjuanino Enzo Lampasona, el excoordinador de viajes acusado de violar a una estudiante en el hotel Patagonia en Bariloche. En esta oportunidad habrá un desfile de testigos que pasarán por la Cámara Criminal Primera para dar su versión de lo ocurrido el pasado 29 de octubre de 2015, cerca de la 1 de la madrugada. Esto sucede luego de que Lampasona se confesara inocente del cargo que le imputaron: «Abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de cuidador». La víctima también contó todo lo que ocurrió aquella noche (ella tenía 17 años en ese momento) y culpó al joven de violarla violentamente. Esa declaración fue apoyada por el fiscal Martín Lozada quien aseguró en su acusación que Lampasona «se aprovechó de ella desde la disco hasta la habitación del lugar», que contrarió su voluntad y la vejó violentamente provocándole lesiones vaginales por el abuso. También, el fiscal destacó que «la víctima estaba descompensada y sin fuerzas para resistir de forma efectiva su accionar». En la primera audiencia se escucharon las versiones de la madre de la víctima, del médico que la asistió tras la denuncia radicada por la Defensoría de Menores en Bariloche, de dos ginecólogas, de una asistente social y de un médico forense. La víctima había pedido que Enzo desalojara la sala antes de brindar su testimonio, al igual que el resto de los testigos, entonces se quedó a solas con el Tribunal y explicó lo ocurrido. Lampasona podría enfrentar una pena de entre 6 y 15 años de prisión o reclusión efectiva.

El servicio penitenciario envió a la justicia un listado de más de 1000 condenados para que reciban el beneficio. El 10 por ciento son represores, entre los que se encuentran ‘Tigre’ Acosta, el ex fiscal Demarchi y el cura Von Wernich. Con el supuesto objetivo de liberar las abarrotadas cárceles federales, el gobierno nacional envió a la justicia un listado de 1111 detenidos para que analice si pueden recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con .pulsera electrónica. Entre esos nombres, donde hay presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones, figuran 96 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Así lo publicó el portal Infobae a partir de un listado que el Servicio Penitenciario federal envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos. Son ocho listados con distintas categorías de detenidos, explica la nota: «Internos de lesa humanidad mayores de 70 años», «internos comunes mayores de 70 años», «nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)», «discapacitados», «internas alojadas con hijos de hasta 10 años», «alojadas con hijos», «internas embarazadas» e «internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional». Entre los 96 condenados por delitos de lesa humanidad figuran Jorge «El Tigre» Acosta, quien fuera jefe de la patota del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Entre los represores que el gobierno pretende beneficiar se encuentran también el médico Carlos Capdevilla, condenado por apropiaciones en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA. También integran la lista los también integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA Antonio Pernías y Adolfo Donda, quién llegó a ser uno de los jefes de la patota de la marina y fue condenado entre otros delitos por la apropiación de la diputada nacional Victoria Donda. El ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Julio «El Turco Julián» Simón, ex agente de la Policía Federal, son propuestos para volver a su casa. En el listado figuran dos civiles: el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado a perpetua por su rol en la organización de ultraderecha CNU en Mar del Plata, y el cura Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, quién fue condenado en octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Quiénes, cuándo, dónde y cómo podrán llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de aprobarse. El IVE será presentado este martes por séptima vez. El proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se presentará por séptima vez en Diputados este martes fue redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Proyecto, que propone la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina, cuenta con la firma de más de 40 lesgisladores de todos los arcos políticos y fue girado a las Comisiones de Lesgislación General; Lesgislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública. Hasta ahora, nunca logró dictamen para pasar al debate en el recinto. Quiénes Toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo. La persona mayor de 16 años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente ley. Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Si debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En ausencia o falta de ellos se requerirá la asistencia se tendrá en cuenta el derecho de la niña o adolescente a ser oída. En caso de una persona declarada incapaz judicialmente deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal. Cuándo La interrupción del embarazo se puede realizar en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional. Cómo Se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa. Incluye la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo no punible que ya existe en la ley, que incluye los casos de violación (con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente), riesgo de vida o salud física, psíquica o social de la mujer y malformaciones fetales graves. Dónde La práctica del aborto se incorporará como prestación médica básica obligatoria a brindar a sus afiliadas o beneficiarias en los servicios del sistema de salud del sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales. El pasado El proyecto deroga los artículos del Código Penal que prevé prisión de hasta cuatro años para las mujeres que lo practiquen. También se elimina las penas para los profesionales de la salud que lo lleven a cabo. Mirá el proyecto IVE completo