La mina ubicada en el departamento Jáchal está llegando a su fin en la explotación a cielo abierto del pozo La Quebrada del Diablo y sólo quedará la minería subterránea. Muchos de los desafectados son jachalleros. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se refirió a la competitividad de la industria y afirmó que «hay que seguir trabajando en bajar el costo argentino y mejorar las condiciones para exportar». “Este no es el final de Gualcamayo. Es solo la necesidad de buscar un punto de sustentabilidad”, explicó un ejecutivo de Yamana Gold tras confirmar que comenzó un proceso de desvinculación de personal que abarcará prácticamente todo el 2018. En este primer tramo del año “se puso fin a la relación laboral” de unas 130 personas, informaron desde el área sindical. Dato que no fue desmentido desde la empresa minera, aunque recalcaron que “evitan dar cifras” que generen expectativas en la sociedad. Mas allá de esta cautela, la cantidad de personas que ya quedaron sin trabajo, encendió la luz de alerta entre los trabajadores y en el mismo departamento de Jáchal donde se baraja la cifra de un total de 300 trabajadores mineros que pasarán a engrosar las filas de desocupados de San Juan. De acuerdo a lo informado desde la minera, el proceso de reducción de personal obedece a que “se agota el mineral del primer pozo, el de la Quebrada del Diablo” Las minas tienen un tiempo estipulado de vida. En el caso del yacimiento Gualcamayo aseguran que “tiene recursos para producir 10 años más” ya que quedan los pozos de Amelia Inés y Magdalena, por lo que no puede decirse que se trate de un cierre definitivo. Los mismos trabajadores expresaron el desaliento ante la posibilidad de quedarse sin trabajo y estar a la expectativa de ingresar en otro proyecto minero. Una gran cantidad de trabajadores ahora desafectados pertenecen al departamento de Jáchal, mientras que otros correspondían a nativos de otras provincias, como La Rioja, quienes trabajaban en la mina. La mina Gualcamayo cuando inició su explotación, tenía en proyección hacerlo por un lapso de siete años pero los recursos encontrados hicieron que esto se estirara hasta los 10 años que lleva en actividad actualmente. Pero como funciona la minería, era sabido que en algún momento iban a tener que desprenderse de trabajadores, momento que llegó ahora y se extenderá a lo largo del año. Desde los últimos meses del 2017 hasta ahora, la minera empezó a acordar con trabajadores para concretar las desafectaciones, sin que lleguen estos casos a judicializarse. Desde el sindicato de AOMA sostienen que el número de despedidos es de unos 130 trabajadores, “aunque sólo se trata de empleados sindicalizados”. Según explicaron fuentes calificadas, el despido de los trabajadores se dio en los términos que corresponden, con la indemnización que cabía en cada caso, por lo que no fue necesaria la intervención de la Seb Secretaría de Trabajo de la provincia. Además, hubo acuerdos con trabajadores que querían dejar sus puestos, lo que facilitó la elección de las personas a despedir. Entre tanto panorama poco alentador aparece una luz de esperanzas para los sanjuaninos que fueron despedidos y es la chance de que puedan ingresar a trabajar en Veladero. Fuente: www.diariohuarpe.com
Leotta: “hay que producir vinos de menor graduación alcohólica y livianos»
El presidente de la COVIAR reconoció avances y tuvo autocrítica respecto a la industria. Ayuda para financiamiento y mejoras impositivas, entre los reclamos. (mira el video) El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Angel Leotta, reclamó mejoras impositivas para el sector en el discurso oficial del desayuno previo a la vendimia. El dirigente empresarial destacó los acuerdos alcanzados en la promoción del vino y también dio un anticipo de lo que viene: producir vinos más livianos y ligeros para poder mejorar las ventas. «Tenemos ante nosotros una prueba de fuego. Sin consumidores no hay vitivinicultura posible ni para productores ni bodegas. Sin mercados no hay vitivinicultura posible. Sin demanda no existimos. La magnitud de los desafíos nos motiva a todos a comprometernos utilizado la articulación entre lo público y lo privado para que la vitivinicultura sea política de Estado», dijo Leotta. «Esta actividad no pide ni quiere subsidios. Está acostumbrada al esfuerzo, a invertir y competir con los mejores. Pretendemos seguir compitiendo en los mercados del mundo. Creemos lógico e insistimos en un aumento de los reintegros a las exportaciones de vino, pasas y uva de mesa. Queremos insertar ese reintegro a la producción en inversión. Esto significarían 100 millones de dólares para la industria», expresó. En el mismo sentido, los bodegueros piden financiamiento blando para inversiones «auténticas» en condiciones similares a los que pagan en los países con los que compite el vino argentino. El nuevo vino En el marco de la autocrítica, Leotta reconoció la caída del consumo y la necesidad de aggiornar los productos a la demanda. «El diagnóstico es claro. El consumidor quiere propuestas innovadoras. Productos en envases más prácticos. Vinos de menor graduación alcohólica y livianos», dijo. Si bien Leotta destacó y agradeció al presidente Mauricio Macri haberlos escuchado para excluir al vino dentro de los productos con impuestos internos, reclamó, en nombre de la industria, que ocurra lo mismo con los espumantes. «Lamentamos el trato arbitrario con los vinos espumantes. Instamos a los legisladores de todas las provincias a que se elimine el impuesto a los espumantes», dijo Leotta. «Nuestro deber como dirigentes empresariales es de tener todo el esfuerzo y ponerlo al servicio de lo que nosotros creemos que corresponde. Tenemos la obligación de crear condiciones mejores para nuestra industria. Para tener una industria mejor, un país mejor», cerró el dirigente empresarial. En la previa, se anunció que el 24 de noviembre se festejará el Día del Vino bebida nacional y se firmaron acuerdos entre todas las provincias productoras. Fuente: mdzol.com
Fallo histórico en Tucumán: los Chuschagasta son dueños de la tierra por la que mataron al cacique Chocobar
La Cámara de Casación apartó a un magistrado que había absuelto a una funcionaria acusada de extorsionar, durante años, a la comunidad Chuschagasta para desalojarla. La disputa llegó hasta el homicidio del comunero Javier Chocobar, en un crimen que quedó filmado y todavía puede verse por YouTube. El asesinato a sangre fría del comunero Javier Chocobar fue el corolario de una disputa que la Justicia tucumana podía haber frenado a tiempo. Esa apreciación es la que se desprende de un contundente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela. Fallo completo: pueblos originarios Un crimen que se pudo evitar El asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009 y quedó filmado en un video que todavía puede verse en YouTube. El empresario Darío Amín se presentó en el territorio que disputaba con miembros de la comunidad Chuschagasta, perteneciente a la Nación Diaguita, en la localidad de Trancas, al norte de la Provincia de Tucumán. Llegó armado y acompañado de dos ex policías, Humberto “el Niño” Gómez y José Valdiviezo. Tras un intercambio de palabras, comenzó una balacera contra los comuneros que terminó con dos de ellos heridos y Chocobar muerto. Uno de los agresores filmó el ataque y perdió la cámara en la revuelta. El video registra claramente el comienzo de la agresión, aunque el disparo mortal contra el cacique sólo queda registrado en audio. Hoy, los imputados enfrentan penas de cadena perpetua en una causa que ya fue elevada a juicio oral y que podría comenzar este año. https://www.youtube.com/watch?v=ggWGrch1Lrc Las advertencias desoídas Los Chuschagasta ya había recurrido a la Justicia cuatro años antes del crimen de Chocobar. Se generó una causa en Tribunales Federales que fue acumulando pruebas de que la comunidad era legítima propietaria de la tierra. En ese expediente, se fueron documentando las presiones que -según los comuneros- sufrieron sus miembros durante años por parte de la ex delegada comunal de la localidad de Ancajuli, Silvia Chiarello, su hermano Dante y otras personas bajo su mando. Todos, según se detalla en el expediente, amenazaban a los habitantes de la zona con dejarlos sin nada si no firmaban documentos de entrega del territorio al empresario Amín. En muchas oportunidades, los coaccionantes se presentaron armados, señalan las incontables demandas. Los testimonios, los informes de Gendarmería, el material fotográfico y otros elementos probatorios fueron nutriendo un expediente que terminó, de manera sorpresiva, con la absolución de los demandados (la delegada comunal y su hermano), en octubre de 2012, cuando ya Chocobar había sido asesinado. La sentencia fue firmada por el conjuez Mario Leiva Haro y fue impugnada por la querella (los denunciantes Clementino Salvador Cata y su hermana, Cesárea) y por el Fiscal General, Gustavo Gómez. Pese a ello, dos años más tarde, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la desvinculación de los acusados. Un fallo demoledor Sin embargo, la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal emitió una dura sentencia contra el accionar del juez Leiva Haro y la Cámara Federal de Apelaciones por no dar curso a las denuncias ni contrastar las pruebas recabadas. En una resolución del 21 de febrero de este año, anuló las absoluciones. “La sentencia, lejos de significar la aplicación de criterios de la sana crítica, trasunta en un acto jurisdiccional teñido de fundamentación aparente lo que fulmina su nulidad”, dice el fallo. “No se advierte por parte del tribunal de la anterior instancia el mínimo esfuerzo por dar respuesta a los embates efectuados por los apelantes en los respectivos recursos de apelación y expresión de agravios. Así pues, no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados y su contraste con la voluminosa prueba que se ha recabado a lo largo de la investigación”, continúa. La sentencia, además, reconoce la propiedad ancestral de las tierras que defendía Chocobar. “La Comunidad Los Chuschagastas cuenta con el reconocimiento del Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, indican los jueces Eduardo Rafael Riggi (presidente), Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, miembros de la Sala I. Los magistrados, además, determinaron que cualquier intento de desalojo constituye un delito: “ello acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas, y deja huérfana y erige en delictiva cualquier pretensión que se articule sobre la disputa por el dominio del territorio que ocupa la Comunidad de Chuscha”. La Cámara hizo lugar al planteo de Gómez, que había señalado que la muerte de Chocobar es “consecuencia directa de la falta de la legalidad del presente proceso penal” y define al crimen como acontecido en el “contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión”. Los camaristas, además, resaltan la insistente desobediencia judicial de los acusados y del empresario Amín, que durante años explotó la cantera de piedra laja del lugar, pese a que una medida cautelar se lo prohibía. “El acto de poner en posesión a Amín el 20 de noviembre de 2012 (…) configura por lo menos, a priori, un acto judicial que desconoce la Ley vigente que al momento del hecho establece claramente, que corresponde suspender todos aquellos actos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras pertenecientes a pueblos originarios.”, indica la sentencia. La jueza Figueroa consideró que “el tribunal a quo omitió tomar en consideración el alto grado de vulnerabilidad –social, étnica geográfica, laboral, familiar, personal- que presentaban las víctimas de la comunidad originaria”, planteo al que adhirieron sus dos colegas. De esta manera, el juez Leiva Haro queda apartado del caso y la absolución de los imputados, anulada. La causa deberá volver al tribunal de origen para que designe un nuevo magistrado que prosiga con la investigación, esta vez “con la celeridad y recaudos que las presentes actuaciones merecen”. El seguimiento de la tarea periodística estuvo a cargo de Mariana Romero Fuente Quediario.com.ar
Sobreseen a Guillermo Moreno: no hubo manipulación del INDEC y al macrismo se le cae otra excusa
En una de las tantas operaciones político-judiciales-mediáticas que emprendió el gobierno de la Alianza Cambiemos, una en particular se presentaba como más “sensible” para sus intereses de control informativo sobre la población: La “manipulación de las estadísticas del INDEC y la presión sobre sus funcionarios”, realizadas supuestamente por el dirigente justicialista porteño, Guillermo Moreno, cuando ocupó de manera antológica la Secretario de Comercio Interior entre los años 2006 y 2013; es decir, tanto durante el mandato de Néstor Kirchner, como en el primero y parte del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Se puede decir una mentira, pero no hacer nada”, decía el líder popular Juan Domingo Perón. El juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al dirigente justicialista, y ex Secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno. Al gobierno nacional se le cae otra de sus mentiras difamatorias. “No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que (Guillermo) Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, precisó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, al rechazar el procesamiento pedido por el fiscal Carlos Stornelli, a fines del año pasado» El fiscal Stornelli impulsó la causa contra el dirigente justicialista Guillermo Moreno, en base a una denuncia realizada por una ONG en 20017, y fundamentada en recortes periodísticos. Lo cierto, es que otra de las operaciones político-judicial-mediática que lleva adelante el gobierno nacional, con el único fin de difamar a los funcionarios de los tres gobiernos anteriores, para imponer control informativo sobre la población y avanzar en tras sus objetivos políticos, quedó sin efecto. Fuente: www.infobaires24.com.ar
