En los últimos días, el debate por la legalización del aborto y la polémica sobre la atención médica gratuita a los extranjeros se metieron en la agenda parlamentaria.
Cuando desde la oposición comenzaban a insinuar que Cambiemos no le daría mucha actividad al Congreso durante 2018, los debates instalados en la opinión pública lograron el efecto contrario: días antes de que Mauricio Macri iniciara el período ordinario de sesiones, el Parlamento ya tenía en agenda la legalización del aborto y la polémica sobre la atención médica gratuita a los extranjeros, que se extendió hasta la educación.
Estos dos temas ya permitirán que se generen cruces acalorados, protestas y negociaciones que ayudarán a recordar lo sucedido en diciembre con las sesiones extraordinarias, cuando el debate por la reforma previsional se desmadró y le costó al Gobierno una importante caída de la imagen.
Pero al no tener el oficialismo la necesidad de que se aprueben estos temas -como sí la tenía con la reforma jubilatoria- desde el Ejecutivo ya bajaron la línea a sus legisladores de que hay «libertad de acción», por lo que episodios como los que se vivieron en diciembre en las calles difícilmente vuelvan a ocurrir.
Pero más allá de esto, la Casa Rosada tiene otros frentes que combatir en el Congreso y son a los que les hablará Mauricio Macri en su discurso de hoy. Porque desde que la Cámara de Diputados se convirtió en la voz de los gobernadores peronistas con el bloque Argentina Federal, sumado a la llegada de Cristina Kirchner al Senado -que implicó la ruptura con Miguel Ángel Pichetto- y el acercamiento del Frente Renovador (ya sin Sergio Massa) al kirchnerismo por las jubilaciones, la mesa chica del Presidente -y él mismo- entendieron que lo que suceda en el Congreso este año puede ser fundamental para las elecciones 2019.
Una prueba de esto fue la vigilia que hicieron Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio en la Cámara baja el día de la reforma previsional.
Es cierto que la intención de Cambiemos sí era que el año parlamentario transite con calma. Por eso no entrará en debates que le puedan significar heridas graves. Es decir, buscará tener los consensos previamente. Para esto es clave el bloque de los gobernadores en Diputados (son 33 legisladores) y otras bancadas peronistas no kirchneristas, como los santiagueños (son 6) o el Peronismo para la Victoria (5). Y, dependiendo la temática, el massismo (tiene 20) siempre se muestra abierto a las negociaciones. El oficialismo tiene 108 diputados y el FpV 65.
Los proyectos que más interesan al Gobierno en lo inmediato son los tres en los que se desglosó el mega DNU de desburocratización del Estado (ingresan por Diputados) y la reforma laboral, que también fue dividida y se debatirá primero en el Senado, comenzando por el blanqueo de empleados. Sin embargo, ésta aún está lejos de concretarse y en el macrismo prefieren postergarla para evitar confrontaciones.
También hay una importante agenda jurídica penal, que incluye la reforma de la ley de Ética Pública que impulsa Laura Alonso, titular de la Oficina Corrupción. Ya está redactada y los diputados de Cambiemos la están corrigiendo.
Luego están las iniciativas que impulsa Germán Garavano, el ministro de Justicia, que está detrás de la modificación del Código Penal y la «corrección» a la modificación que le hizo el kirchnerismo al Código de Procedimientos Penales, algo que no se aplicó por completo pero que el Ejecutivo quiere volver a cambiar.
Y aquí se incluye los cambios del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los menores a los 16 años, y la reforma del Ministerio Público Fiscal, que está frenada en el Senado porque no hay acuerdo.
En la Cámara alta aparecen con media sanción de Diputados la ley de Defensa de la Competencia, fundamental para el Gobierno porque, según destacan, penalizará la cartelización, es decir, cuando dos o más empresarios pactan precios y tienen «prácticas monopólicas»; y la de Financiamiento Productivo (Mercado de Capitales), que iba a tratarse en las extraordinarias de diciembre pero se postergó por el clima generado.
La reforma electoral, que, entre otros puntos, introduce la Boleta Única Electrónica, está por el momento en stand by, ya que el grueso de los gobernadores y la oposición no la ve con buenos ojos y, si bien es un bandera importante del oficialismo, predomina la idea de no confrontar para no resquebrajar relaciones.
En la Cámara baja, ingresará, enviada por el gobierno nacional, la norma de financiamiento de partidos políticos para intentar darle más transparencia a las campañas del año que viene, sobre todo en el rubro de las recaudaciones, que estuvieron colmadas de irregularidades.
La oposición también jugará su partido. Siguiendo con el envión de desencantos que generó la reforma previsional, el Frente para la Victoria en Diputados -que trabaja en tándem con Cristina Kirchner en el Senado- se ilusiona con sumar a sus filas a otros peronistas desencantados, al menos para ciertos debates, no para ampliar el bloque. Ahora, justamente, están detrás de la recolección de un millón de firmas para obligar al recinto a discutir la derogación de la modificación en la fórmula jubilatoria.
En el caso de Argentina Federal, la intención es seguir respetando el acuerdo de la Casa Rosada con los gobernadores, aunque todo tiene un límite. No están dispuestos a «quedar pegados» nuevamente con leyes que generen controversia en la ciudadanía y esperan que Cambiemos proponga un temario legislativo durante las sesiones ordinarias y no abuse de las especiales, lo que sucedió en 2017.
Con este panorama, Mauricio Macri deberá oscilar su discurso entre los consensos y la mesura, siendo consciente que no tiene mayoría en ninguna Cámara, por lo que el rol de los opositores es fundamental para la gobernabilidad.
