El billete se recalentó y avanzó 21 centavos en los bancos, luego de un incremento significativo en su demanda. El dólar trepó 21 centavos, con lo que alcanzó los $ 20,48. Tocó así un nuevo nivel histórico durante una jornada, en la cual la demanda se aceleró de manera marcada sobre el cierre en una City recalentada. Según un promedio del Banco Central, la divisa finalizó a $ 19,94 para la punta compradora y a $ 20,48 para la vendedora. En los mostradores del Banco de la Nación terminó el día a $ 20,45, tras operar a $ 20,25 por la mañana. Por su parte, el dólar mayorista saltó a $20,20, lo cual representó un incremento de 22 centavos. A lo largo de este lunes se dio un repunte en la demanda, mientras que la oferta se mantuvo limitada. El viernes último, el dólar había cotizado a $ 20,27 ante un mayor equilibrio entre la corriente compradora y vendedora.
Imputaron a Díaz Gilligan por ocultar una cuenta offshore con u$s 1,2 millones
La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este lunes investigar al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar u$s 1,2 millones que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director. El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. El legislador del Frente para la Victoria acusó al exfuncionario nacional ante la Justicia por «la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa», por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada. El exsubsecretrario argumentó que los fondos no le pertenecían pero que aceptó ponerla a su nombre como un favor hacia un empresario amigo, Francisco «Paco» Casal. Díaz Gilligan dejó su cargo la semana pasada, tras la presión de algunos integrantes de Cambiemos y dirigentes opositores. En la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, expresó: «A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada». «Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado», agregó el exfuncionario saliente en su misiva. Esta fue la primera vez que un funcionario del Gabinete nacional deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso «Sandra» y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo, que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan. Fuente: www.ambito.com
La justicia y otras industrias de Mendoza le dijeron no a la sustancias tóxicas en la minería
La Suprema Corte mendocina negó el recurso extraordinario federal a una empresa que había demandado al Estado por la ley 7722. Las empresas mineras recibieron una mala noticia: la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso federal para que la Corte Suprema de la Nación analice la constitucionalidad de la ley 7722. Se trata de la norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y que en la práctica sirvió de freno a la minería metalífera en la vecina provincia. La ley había sido declarada constitucional y uno de los recursos que les quedaba a los demandantes era ir a la Nación. Pero habilitar ese camino la misma Corte local debe admitir el recurso. La Sala II, integrada por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo, rechazó el recurso presentado por la empresa Minera del Oeste. «No conceder el recurso extraordinario federal», dice la Sentencia firmada el viernes pasado. De esa manera se les cierran casi todas las puertas a las empresas mineras para reclamar contra una ley que fue sancionada en 2007 y cuya constitucionalidad fue ratificada el 2015. Esa decisión se tomó en un fallo plenario para lo cual se acumularon las 11 causas que había. Luego vinieron fallos individuales que toman la decisión del plenario. La empresa MIDO ataca el fallo individual de la sala. La empresa minera basaba su pedido en que, según su postura, afectó «directa y gravemente garantías constitucionales, pues ha prescindido de las reglas de la lógica, de las probanzas, en forma arbitraria y absurda» y agrega que fue «arbitraria por falta de valoración de la prueba». La Provincia defendió la constitucionalidad de la ley y la vigencia del fallo plenario. Y la Corte rechazó el pedido de los mineros. Uno de los principales argumentos de los jueces para negarle el camino federal para reclamar, es que se trata de un tema de índole local porque es la Provincia quien administra los recursos naturales. «Se trata de un conflicto de derecho local, regido por la Constitución y leyes provinciales, que no justifica la apertura del recurso extraordinario. De allí que la pretensión de anular la sentencia particular dictada luego del fallo plenario que declara la constitucionalidad de la norma que tiene por fin regular el uso y aprovechamiento de un recurso natural (el agua o sus minerales) respecto a la explotación minera metalífera que es competencia normativa y ejecutiva de la Provincia, es sin dudas una cuestión de derecho local, cuyos intérpretes naturales son los órganos jurisdiccionales provinciales, constituyendo materia que -de ordinario- resulta extraña al ámbito del recurso extraordinario», explica la sentencia. Además, la Corte asegura que no está demostrado que haya habido alguna arbitrariedad en la sentencia que ratifica la constitucionalidad de la ley 7722. (Fuente: MDZ)
NIUNAMENOS: nos duele Camila
Camila Borda fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de Junín. Las primeras pericias determinaron que fue abusada sexualmente. El sospechoso detenido iría preso de por vida. La niña Camila Borda, que fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de la localidad bonaerense de Junín, fue abusada sexualmente antes de morir, según las primeras pericias, mientras que el sospechoso detenido se expone a una pena de «prisión perpetua». Así lo indicó el fiscal a cargo del caso, Sergio Terrón, quien señaló que el cuerpo de la menor de once años presenta signos de que intentó defenderse de un ataque sexual. Terrón también indicó que no le cabe «ninguna duda» de que Carlos Varela, el único detenido por el crimen y quien ocupaba la casa en la que fue encontrado el cadáver de la niña, es el autor del hecho y «comprendía la monstruosidad que estaba haciendo». En ese contexto, el instructor, en declaraciones al canal TN, consideró que le correspondería «una pena de prisión perpetua ya que se trata de un homicidio agravado». «Lo que tenemos hasta ahora es que la niña fue interceptada por él y llevada a la vivienda, donde se encontró inclusive la bicicleta de la menor en una de las habitaciones, donde la abusó y la asesinó», sostuvo el fiscal.
Argentina: el país emergente que bate récord por la toma de deuda
La emisión de deuda acumulada llegó a 132.969 millones de dólares y se fugaron 82.087 millones del país. Desde que asumió Mauricio Macri en la Casa Rosada, el total de las emisiones de deuda llegaron a 132.969 millones de dólares. De ese total, el Tesoro Nacional emitió 108.173 millones (76.032 millones fueron en moneda extranjera), las provincias 12.336 y las empresas privadas 12.459 millones. En el mismo período se fugaron 82.087 millones de dólares, salida que supera toda la emisión en moneda extranjera del tesoro nacional. Así lo reveló Página 12 a partir de un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET). La investigación detalla que de los 132.969 millones de dólares emitidos por Argentina durante el gobierno de Macri, el 81,3 por ciento corresponde al Tesoro Nacional. A su vez, de esos 108.173 millones, 59.454 se emitieron en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, es decir un 70 por ciento del total. Estas cifras ubicaron a Argentina como el país emergente que más deuda soberana emitió en moneda extranjera en los últimos años. Con 59.138 millones de dólares Argentina supera en un 97,1 por ciento (29.138 millones de dólares más) al segundo mayor emisor, Arabia Saudita (30.000 millones de dólares), y en un 195 por ciento al tercer mayor emisor, Indonesia (20.049 millones de dólares).
Industriales descontentos con las medidas del Gobierno
La UIA remitió una carta al secretario de Comercio en la que expuso 14 puntos que la administración deberá «respetar» en las negociaciones con la Unión Europea. Tras el revés sufrido en la Conferencia Ministerial de la OMC de Buenos Aires, de diciembre pasado, el gobierno volvió a la carga este año con su objetivo de firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero se topó con un obstáculo que no estaba en sus planes: las grandes empresas industriales, aliadas naturales del proyecto oficial, endurecieron su cuestionamiento a la posición de la administración de Cambiemos en la negociación, y lentamente se suman al rechazo de un convenio que vislumbran a todas luces desfavorable para el futuro de sus negocios. La última prueba de ese descontento partió desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que le remitió al secretario de Comercio, Miguel Braun, la semana pasada, un documento con 14 puntos «que se deberían respetar de modo de lograr un acuerdo equilibrado entre las partes». La UIA envió esos puntos «en función de la falta de información precisa con la que las negociaciones se vienen llevando en los últimos meses» y ante «las múltiples filtraciones y trascendidos». Con los 14 puntos, los industriales dieron a conocer su sospecha de que los negociadores no lograrán garantizar «un trato especial y diferenciado» a los países del bloque regional, que están lejos del desarrollo y la competitividad alcanzada por los miembros de la Unión Europea. También reclamaron que se garantice un tiempo prudencial de adaptación previo a la competencia sin aranceles (pidieron por «los plazos originales de desgravación»). A su vez, los hombres del sector fabril se reconocieron preocupados sobre la posibilidad de que los europeos no abran lo suficiente sus mercados agrícolas y de alimentos a los productos argentinos. También pidieron que continúen los derechos de exportación y de las licencias de importación, entre otras medidas que protección del comercio internacional. En el mismo sentido, manifestaron inquietud por los niveles de contenido regional en cada producto industrial que está dispuesto a aceptar el gobierno argentino. A la par, solicitaron que se limite la liberalización de los servicios públicos estratégicos para el desarrollo, y propusieron límites al acceso a las compras públicas. Finalmente, reclamaron que se proteja y fomente la producción farmacéutica local; que no se adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes, que «acote el margen de maniobra regulatorio nacional», y que no se obligue a cambiar los nombres de productos como los champagnes y algunos quesos en orden con los que exige la contraparte europea. Por último, pidieron la actualización de los estudios de impacto existentes. La discrepancia es llamativa viniendo de empresarios claramente afines al proyecto de Mauricio Macri. La UIA en particular participó activamente del diseño de los proyectos de leyes previsional, laboral y tributario. Sin embargo, con este documento la UIA se sumó a las cámaras empresarias que agrupan a las pymes y a las centrales obreras que cuestionaron históricamente el acuerdo con la Unión Europea. En la entidad fabril aseguran que la posición de Cambiemos en la mesa de negociación «es la más liberal, como si el país no tuviera nada que perder». El contexto aporta lo suyo. En la semana que pasó, fuentes privadas dieron a conocer datos de la actividad industrial de enero entre regulares y malos. En sintonía, las estadísticas oficiales de comercio exterior confirmaron una profundización del déficit en el intercambio internacional por una suba de las importaciones de los productos finales y una caída de las exportaciones (ver página 5). Pero además las industrias vienen acarreando los aumentos de tarifas y el recorte de recursos crediticios por parte de la administración macrista. El combo terminó por encender los ánimos en las oficinas de la porteña Avenida de Mayo. Dos integrantes de la mesa chica de la entidad hablaron con Tiempo sobre los problemas del acuerdo con laUnión Europea. «El gobierno sobreactúa un papel y pierde de vista la defensa de la industria nacional. En lugar de proteger, desprotege. Otorga más preferencias de las que los europeos y brasileños están dispuestos a otorgar. Tenemos la posición más liberal como si tuviéramos nada para perder», se quejó un dirigente vinculado a una de las industrias locales de mano de obra intensiva y de los rubros más sensibles a las importaciones. El empresario lamentó que, mientras Europa tiene políticas de bajas tasas arancelarias, a la par de un entramado complejo de normas técnicas que les permite regular el comercio a conveniencia, «Argentina ni siquiera tiene la voluntad política para tomarse en serio el armado de esa política técnica de normas que le permita resguardar el mercado interno». La Argentina, agregó, «debería focalizarse en hacer competitivo el Estado para que sean competitivos sus sectores productivos y después ocuparse de integrarse al mundo. Si se integra al mundo así lo único que viene es la destrucción productiva». El panorama de la UIA no es homogéneo. Hay unos pocos sectores que tienen mejor rentabilidad porque se benefician de la política oficial de impulso de la obra pública. Entre estos se anotan empresas vinculadas al petróleo y la energía, al sector siderúrgico y a sectores del plástico, a la par de ciertos autopartistas y metalmecánicos. El resto, asegura, «surfea bajo la ola» mientras el consumo interno se ameseta. «El gobierno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Tiene que entender que no se pueden importar alimentos, productos de calzado, muebles, que no se puede liberar el comercio porque no hay dólares y la gente se queda sin trabajo», concluyó el industrial consultado. Otro importante dirigente vinculado a las economías del interior reconoció que el acuerdo con la UE genera «mucha incertidumbre más allá de que el diálogo existe. No tenemos muy claro qué están negociando. El gobierno fue a la UIA y compartió poca información veraz y concreta. Hay que ver qué plantea la Unión Europea. (El presidente francés, Emmanuel) Macron no fue muy alentador para nuestros intereses», indicó. En
Los inquilinos gastan 41% de sus ingresos para pagar el alquiler
El relevamiento, que se hizo entre el 1 y el 31 de enero, demostró también que la principal preocupación de quienes alquilan es el precio de la renta mensual. Los inquilinos destinan el 41% de sus ingresos a pagar el alquiler y casi ocho de cada 10 cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia, según la primera encuesta realizada por la federación nacional que los agrupa y que fue respondida online por 19.000 personas. El relevamiento, que se hizo entre el 1 y el 31 de enero, demostró también que la principal preocupación de quienes alquilan es el precio de la renta mensual (87%), seguido por inquietudes como los requisitos económicos para ingresar (61%), comisión inmobiliaria (59%) y las garantías (45%). «La elaboración de este informe es un hecho inédito para el sector, ya que no hay mediciones oficiales acerca de la problemática del alquiler de vivienda», aseguró la Federación de Inquilinos Nacional en un comunicado. El estudio recuerda además que en Argentina el número de personas que alquilan su vivienda aumentó un 11% en los últimos 17 años, y que los hogares alquilados, donde viven unos 8 millones de personas según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), representan el 17% del total. No obstante, ese porcentaje es mayor en algunas urbes como la ciudad de Buenos Aires (38%), Ushuaia (34%) y Río Gallegos (30%), según el Instituto de Estadísticas porteño y la EPH, citados por la organización. Asimismo, siete de cada 10 personas que respondieron la encuesta alquilan desde hace más de tres años. «Una vez que las familias ingresan en la rueda del alquiler, con aumentos que superan ampliamente los índices de inflación y variación salarial, les resulta muy difícil salir», aseguró la Federación. Para esa organización, la «trampa» involucra «además de dejar un importante porcentaje del ingreso familiar» al propietario, «tener que generar un ahorro para hacer frente a las renovaciones bimestrales y actualizaciones de depósitos». Como consecuencia, aún hogares que cuentan con ingresos medios «ven como posibilidad muy lejana acceder a una casa propia», por lo que ser inquilino «ya no es un estado por el que pasan los jóvenes, sino una característica que se extiende a lo largo de la vida». Además, los encuestados aseguraron destinar 41 de cada 100 pesos para pagar el alquiler, sin incluir expensas, impuesto inmobiliario, servicios ni otros gastos de mantenimiento de la vivienda, aunque en provincias como La Rioja, Santa Cruz, Misiones y Salta la renta representa una proporción aún mayor: 47.5, 46.9, 45.1 y 43.1 por ciento, respectivamente. El estudio recuerda que «históricamente el alquiler representó un 25% sobre el salario promedio», lo que implica que su peso aumentó 15 puntos porcentuales en los últimos años. Las conclusiones revelan también que más de la mitad (51%) paga expensas que no discriminan entre gastos ordinarios (que corresponden al inquilino) y extraordinarios (arreglos y mejoras sobre el edificio, que debería pagar el dueño), lo que genera mensualidades abultadas «que no sólo valorizan el inmueble, sino que elevan de forma encubierta la rentabilidad del sector propietario». Además, la cuarta parte de los encuestados aseguró haber sufrido en algún momento «dificultades para alquilar por tener hijos», una realidad que afecta sobre todo a las mujeres (28%). Asimismo, sólo el 63% alquila «a dueño directo», aunque esa modalidad evidencia «un crecimiento como respuesta a una intermediación abusiva e injusta». Y a pesar de que el 64% de los inquilinos averiguó por un crédito hipotecario, el 77% cree que «nunca será propietario», porcentaje que se eleva al 80% entre quienes alquilan desde hace más de una década. «Eso deja muy claro que el crédito hipotecario nunca fue, es ni será la solución al problema del acceso a la vivienda», aseguraron. Al ser consultados sobre el rol del Estado, el 97% afirmó que «no hay control desde los organismos públicos sobre el cumplimiento de las leyes que regulan la actividad inmobiliaria», y el 92% percibió que «el Gobierno nacional no tiene iniciativas para que las relaciones contractuales sean más justas». «Eso demuestra la importancia de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y espera su tratamiento en Diputados», afirmó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación. Fuente: Ambito
Macri se reúne con sus legisladores luego de abrir el debate por el aborto
El presidente recibirá a los senadores y diputados de su espacio. El encuentro se da luego de que se diera libertad de conciencia para debatir el aborto. El presidente Mauricio Macri se reunirá este lunes en Olivos con los diputados y Senadores de Cambiemos, en la antesala del mensaje ante el Congreso en el que abrirá el 136° período de sesiones ordinarias, y en medio del debate en torno al aborto. El encuentro se realizará en la quinta presidencial de Olivos a las 18.30 y contará con la presencia de los legisladores de la coalición oficialista, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y otros ministros, y tiene como objetivo analizar la agenda legislativa y la necesidad de buscar consensos con otras fuerzas políticas para el tratamiento de nuevos proyectos. Se espera que en la reunión de mañana en Olivos se le pida a los legisladores oficialistas desarrollar una tarea común entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre otros asuntos. Según informaron a Télam fuentes oficiales, el mensaje que dará el jueves el mandatario estará centrado en la necesidad de edificar «una agenda del progreso» en base a los consensos básicos alcanzados con los gobernadores a fines del año pasado. Con el foco puesto en las propuestas de cara al futuro y en la necesidad de marcar una suerte de «agenda del desarrollo», Macri repasará los logros de su segundo año de gestión, dijeron las fuentes. La reunión se da luego de que el jueves, en la Casa Rosada, se llevara adelante una mesa de coordinación de la agenda parlamentaria del año con las principales figuras de Cambiemos en el Congreso, y se definió que se dará «libertad de conciencia» en un eventual debate parlamentario por la ley de interrupción legal del embarazo. Esa reunión estuvo encabezada por Peña y participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y los jefe de los interbloques Cambiemos en Diputados y el Senado, Mario Negri y Luis Naidenoff, respectivamente, entre otros funcionarios y legisladores.
ARA San Juan: familiares de los tripulantes lanzaron una colecta para continuar con la búsqueda
El objetivo es reunir dinero suficiente para contratar buques con tecnología de punta y saber «la verdad» de lo ocurrido con el submarino desaparecido el 15 de noviembre. Los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan quieren evitar que la búsqueda de la nave quede en la nada y lanzaron una colecta para lograr «contratar buques con tecnología de punta» y saber «la verdad» de lo ocurrido. En redes sociales publicaron un flyer con los datos de las cuentas bancarias a las cuales se pueden hacer las transferencias. La idea, en principio, es contratar una empresa estadounidense, para lo que deben reunir unos US$250.000 más los gastos operativos. «Buscamos la verdad y vos podes acompañarnos. Estamos recaudando fondos para contratar buques con tecnología de punta”, indica la publicación. Según dijo Claudio Sandoval, tío del submarinista Celso Vallejos, al diario Clarín, la idea de la colecta «se venía hablando entre los familiares y cuando el Gobierno anunció la recompensa y frenó el llamado a una licitación para que empresas extranjeras vinieran a buscarlos, se le dio curso”. Hace aproximadamente un mes, el Gobierno oficializó una recompensa de $98 millones destinados a recabar información del submarino que desapareció el miércoles 15 de noviembre.
