El escándalo por los abusos de niños sordos en el instituto Antonio Próvolo de Mendoza por parte de sacerdotes y maestranzas sumó un nuevo capítulo que genera expectativas, con la mira puesta bajo tierra. Efectivos de Gendarmería nacional comenzaron las tareas de exploración durante una semana para intentar hallar más piezas del rompecabezas del horror: desde objetos, documentación, pornografía, fetos y hasta un posible niño muerto. Así transcurre por estas horas una de las causas de pedofilia que conmociona al mundo, en manos del fiscal provincial Gustavo Stroppiana. A través de georradares se intentará dar con algunas de las herramientas clave para echar más luz en el caso que tiene hoy tras las rejas sólo a cinco personas de 15 imputadas. Al medio centenar de denuncias que pesan sobre los acusados se agregan testimonios de ex alumnas que habrían quedado embarazadas y obligadas a abortar, por lo que aseguraron que en alguna parte del establecimiento se guardaban, por ejemplo, fetos en frascos. Esto no ha podido ser comprobado; tal vez se pueda saber algo en los próximos días. Asimismo, se conoció durante el desarrollo de la causa el recuerdo de ex alumnos de haber visto caer a un chico desde un techo y que nunca más se supiera qué pasó. No hay registros del hecho, por lo que podría ser otra lamentable sorpresa que aflore a la superficie, en un predio de más de cuatro hectáreas. Al comienzo de la investigación se realizó una excavación puntual luego de que un ex alumno recordara haber visto al jardinero del lugar junto al cura líder del Próvolo Nicola Corradi (82) enterrando una misteriosa caja, que podría contener información clave, como puede ser material fílmico pornográfico, a tono con las imágenes ya encontradas en las habitaciones de los superiores religiosos. En diálogo con la prensa local, Oscar Barreda, abogado de las víctimas,dijo: «Si efectivamente encontramos algo va a sumar a lo que ya está probado y sino, con lo que tenemos hasta ahora, la causa se va a elevar a juicio porque hay muchos elementos para comprobar los delitos investigados». Unos diez agentes de la fuerza nacional se encuentran trabajando en la zona con los aparatos de última generación que permitirán escanear el predio e ir dilucidando la existencia de movimientos de tierra previos, así como de materiales o espacios ocultos en hasta 50 metros de profundidad. Esto es posible gracias a las ondas electromagnéticas que permiten tener imágenes en tiempo real de lo que ocurre bajo tierra. Luego, con el informe oficial en mano de lo detectado, será decisión de la Justicia de Garantías la autorización para excavar determinado sector. Cómo sigue la causa Sólo cinco personas de las 15 imputadas permanecen en la cárcel. Los detenidos acusados de cometer las ataques sexuales, son el sacerdote Horacio Corbacho, los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez, además de un tercer trabajador hipoacúsico y con retraso mental del instituto, que ha sido declarado inimputable y que quedaría fuera de la causa. A ellos se suma la detención a comienzos de este año de la cocinera de la institución, Noemí Paz, quien se encuentra en el penal de Agua de las Avispas, en Cacheuta, imputada como «partícipe primaria en abuso sexual agravado», aunque se espera que se le conceda la prisión domiciliaria. El resto, como las dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, se encuentran con ese beneficio, al igual que el sacerdote Corradi, entre otros directivos y personal del establecimiento del horror, al que solían llamar «La casita de Dios».

Son trabajadores de Yacimientos Carboníferos (YCRT) que se mantienen en vigilia y acampe en Río Gallegos. Sufrió un recorte de mil millones de pesos. Denuncian que la ciudad está militarizada. Trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) continuaban este jueves de paro para revertir más de 400 despidos, con vigilia en la mina del suroeste de Santa Cruz y acampe en Río Gallegos, la capital provincial, a la espera de negociaciones que se concretarían el lunes y martes próximos. El sindicato denuncia que la ciudad se encuentra militarizada con la presencia de 300 gendarmes   “Está todo en suspenso hasta que tengamos la reunión con la empresa, el lunes con cada sindicato y el martes con toda la Intersindical, pero todavía no hay una decisión política de dejar sin efecto los despidos”, dijo el secretario general de ATE Santa Cruz, Alejandro Garzón. Conforman la Intersindical que rechaza los despidos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), La Fraternidad, Luz y Fuerza Patagonia y la Asociación del Personal Superior, Profesional y Técnico, los cuatro gremios con actuación en YCRT. La convocatoria a negociaciones la semana próxima en Buenos Aires fue resuelta por el interventor de la empresa carbonífera estatal, Omar Zeidán, después del fuerte paro con movilización realizado ayer, señalaron fuentes de la Intersindical. “La esperanza nunca se pierde”, expresó Garzón, aunque señaló que los despidos responden a «una decisión tomada de la empresa, que es el gobierno nacional, situación ante la que uno busca todo tipo de reuniones y negociación para poder revertirlo”. Según el titular de ATE Santa Cruz, si se mantienen los despidos «el conflicto se va a profundizar y va a ser un profundo conflicto social, porque involucra a dos comunidades”, en alusión a las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, con unos 30.000 habitantes en el sudoeste de Santa Cruz. “Como hay despidos en varias empresas del estado, donde ATE tiene casi el 80 o 90 por ciento de representación sindical, se convocó a una reunión urgente del Secretariado Nacional, donde seguramente será convocado un paro nacional”, informó Garzón, quien integra la conducción nacional de ese sindicato de trabajadores estatales. Los despidos en YCRT se concretaron después de que Zeidán anticipara una reestructuración que, según dijo, iban a incluir la reducción de las jefaturas en un 35% y un esquema de retiros voluntarios. Con cerca de 3.000 empleados, YCRT es financiada en su totalidad por el Estado nacional, en 2017 contó con un presupuesto de 4.700 millones de pesos y para este año están previstos 3.600 millones. Foto: Telam

Las autoridades del Banco Central dispusieron desde el tercer mes del año «habilitar a comercios e individuos para operar en cambios» en búsqueda de transmitir una mayor transparencia con nuevos oferentes. Solo bastará un simple trámite frente AFIP para que por ejemplo, supermercados, puedan actuar como casas de cambio. El megadecreto que impulsó Mauricio Macri dejó lugar a una gran cantidad de disposiciones que a simple vista no se pueden dilucidar, una de ellas fue respaldada este último jueves por el Banco Central y es que a partir de marzo cualquier comercio o persona física podrá actuar como casa de cambio. En pos de la modernización del Estado, en línea con lo dispuestos por el Poder Ejecutivo, el BCRA dispuso que «las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el Registro de Operadores de Cambio». «El único requisito es que el comercio o persona física que quiera operar en el mercado de cambio con otras personas o comercio es  que  el primero se inscriba en el Registro de Operadores de Cambio y los segundos como sociedad anónima unipersonal, o sociedad por acciones simplificadas», explican evidenciando que solo habrá que hacer una presentación en AFIP para poder operar. A partir del primer día del mes de marzo, un supermercado, una cadena de electrodomésticos, un hotel o cualquier otro comercio podrá adicionar la operación con monedas extranjeras a su actividad principal, del mismo modo que podrá hacerlo un individuo. Se facilita así el acceso al cambio, en particular para los turistas extranjeros. El Registro de operadores de cambio funcionará online, será de libre acceso y estará disponible en la web del BCRA. Una vez cumplido el trámite de inscripción, las nuevas agencias de cambio quedarán habilitadas para comenzar a operar de inmediato, a partir del 1 de marzo próximo.