El ministro de Defensa ordenó desarmar el equipo encargado de registrar y sistematizar los archivos de la dictadura que se convirtieron en prueba de las causas contra represores. Funacionarios del ministerio argumentaron que «había llegado una lista de 200 despidos pero que como ellos eran buenos la redujeron a 70”.
Las autoridades del ministerio de Defensa confirmaron una lista de 70 empleados a quienes no se les renovará el contrato después de diciembre. El recorte de personal sigue lo anunciado por el plan de “dotaciones óptimas” ideado por el Ministerio de Modernización, pero en este caso desarma un área clave para la reparación de los delitos de lesa humanidad.
El área en el que Aguad decidió hacer un recorte de personal, es de la Dirección de Derechos Humanos que con la apertura y sistematización de los archivos militares de la última dictadura permitió el avance de las causas judiciales.
Julia Anillán, secretaria general de la junta interna de ATE, contó que la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Carolina Chacur, fue quien dijo que «había llegado una lista de 200 despidos pero que como ellos eran buenos la redujeron a 70”.
Cabe destacar que todos los trabajadores tienen más de cinco años de antigüedad y son de distintas dependencias del Ministerio: algunos de la Dirección de Inmuebles, otros de la Coordinación General, otros de la sede central de Fabricaciones Militares y un grupo grande de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitaria, por lo que el área de Archivos y Pruebas Judiciales quedaría completamente desarticulada.
El sector que el ministro decidió dar de baja, se encarga de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado.
Por su parte, los delegados de ATE tenían pautada una reunión con las autoridades de Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, de la cual depende la Dirección de Derechos Humanos, para exigir que se revierta la decisión de todos los despidos comunicados ayer.
