El máximo tribunal provincial se expidió sobre la norma sancionada en 2014, que permitía descansar a los empleados de comercio los domingos y que regía en Rosario desde 2016. Festejan los grandes supermercadistas. La Corte Suprema de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Descanso Dominical que prohibía a los grandes supermercados abrir los domingos, por lo que volverán a abrir en Rosario desde el domingo próximo. Esta ley fue sancionada en 2014 por la Legislatura santafesina, y estableció la obligatoriedad de adhesión de los concejos deliberantes para que la norma entrara en vigencia en cada jurisdicción, y en Rosario esa adhesión ocurrió en 2016. La norma, declarada inconstitucional con el voto del integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Abraham Luis Vargas, quien había sido elegido por sorteo para desempatar la paridad que había entre los seis miembros de la Corte, regulaba el cierre los domingos de los supermercados con grandes superficies. Establecía que los comercios con superficies mayores a los 1.200 m² debían cerrar los domingos para propiciar el descanso de sus trabajadores y para activar las ventas en los pequeños comercios. La ley, que contó con el aval de supermercadistas locales, fue resistida por las cadenas como Carrefour y Coto, que la cuestionaron judicialmente, y tras conocer el fallo dictado ayer, anunciaron “que ahora están habilitados para abrir desde el domingo próximo”. Por su parte, el abogado de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, impulsora de la norma, Nicolás Mayoraz, adelantó “que presentará un recurso extraordinario federal para habilitar a que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre la cuestión de fondo”. El camarista Vargas, que desempató la paridad. Los jueces Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se habían pronunciado a favor de la constitucionalidad, y los otros tres, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri, lo habían hecho en contra. Fuente: www.infogremiales.com.ar

El máximo tribunal declaró inconstitucional la ley provincial de educación. La religión tampoco podrá formar parte del plan de estudios. La Corte Suprema, en un fallo dividido, declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación de Salta, por lo que las escuelas públicas de esa provincia no podrán dar educación religiosa en el horario escolar ni podrán incluir esta materia en el plan de estudios.   La ley educativa salteña contemplaba a la enseñanza religiosa como parte de los planes de estudio, su dictado dentro de los horarios de clase y el aval de la autoridad religiosa a los contenidos.   A favor de la inconstitucionalidad de la ley votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda; Horacio Rosatti consideró que es constitucional, mientras que Carlos Rosenkrantz no suscribió la sentencia, ya que al momento de promoverse la acción de amparo era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, coactora en estas actuaciones.   En la causa se cuestionó el artículo 49 de la Constitución provincial que establece el derecho de recibir educación religiosa en la escuela pública. La norma fue considerada como válida, pero la Corte cuestionó el inciso «ñ» del artículo 27 de la ley de educación salteña. En él, se contempla la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y en los contenidos curriculares. En ese sentido, también se rechazó la Disposición n° 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, que prevé la obligación de entregar un formulario en el que los padres deben manifestar si desean que sus hijos reciban «educación religiosa» y, en ese caso, en qué creencia desean que sean instruidos.   La Corte declaró ambas normas inconstitucionales porque consideró probado que en numerosas escuelas públicas de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto -el católico apostólico romano- y ello es «discriminatorio y afecta la privacidad de los alumnos».   Sobre la privacidad de cada persona, la Corte pronunció: «Aceptar como principio que alguien pueda ser obligado a revelar sus creencias religiosas, por más insignificante que pudiera parecer en algunos supuestos, es abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales».   En el fallo, se promueve «el principio de neutralidad religiosa» en las escuelas públicas. Los jueces exhortan al acceso a una formación neutral en el que las religiones se presenten como parte de fenómenos históricos y culturales, y no con preferencia de una sobre otra. Asimismo, anuncia la la posibilidad de que, quienes lo desean, puedan recibir instrucción religiosa fuera del horario escolar.   El único voto disidente fue de Horacio Rosatti. El juez consideró que la educación religiosa en las escuelas públicas primarias prevista en la constitución y la ley salteña constituye una elección que expresa el «margen de apreciación provincial».

Hoy a las 11:30 horas de la mañana,  se llevó adelante el desalojo del camping Yapay Peñi en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Móviles y efectivos de Gendarmería Nacional esta concretando la orden del el juez Guido Otranto en el predio que administra la familia de antiguos pobladores Cardenas Alarcon Coronado. El comunicado emitido aclara que no avanzaría sobre la viviendas pero los pobladores advierten que la medida favorece al turismo de los “grandes resorts y mega-complejos. https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1109331944%2Fvideos%2F10210915061328415%2F&show_text=0&width=560 Ayer se difundió un comunicado que informaba sobre la orden de desalojo al camping Yapay Peñi que administra la familia originaria Cardenas Alarcon Coronado. La medida fue dictada por el juez federal Guido Otranto y expresa; “El Juzgado Federal de Esquel informa que el día 12 de diciembre se restituirá la posesión del camping “Yapay-Peñi” -denominado también “Bahía Solís”- a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales del “Parque Nacional Los Alerces”. A tal efecto, se hará presente en el lugar el Oficial de Justicia de este juzgado federal, quien contará con el apoyo de la Sección Villa Lago Futalaufquen de Gendarmería Nacional Argentina en caso de que resulte necesario acudir al auxilio de la fuerza pública para desalojar el predio. Se estima oportuno aclarar que el desalojo requerido por la Administración de Parques Nacionales no afecta en modo alguno al lote que ocupa la familia Alarcón en virtud de su condición de antiguos pobladores del Parque Nacional Los Alerces. Se encuentra circunscripto únicamente al predio donde funciona el camping cuya ocupación había sido concedida para la explotación de servicios turísticos. El inmueble debe ser devuelto al Estado nacional por haber finalizado el plazo de duración de la concesión establecido por la administración».(…) Mientras la familia, que permanece en el lugar desde hace un siglo, ha padecido la acusación de “usurpadores” por Parques Nacionales y de la cual ha sido sobreseída hace unos días por un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, quien dictó el sobreseimiento de Liliana Alarcón, por los delitos de usurpación y desobediencia a un funcionario público. Ahora en las redes sociales la familia manifestó: “El juez Otranto, en su comunicado nos dice que a pesar de tener derechos y garantías igual puede arbitrariamente la administración de parques quitarnos nuestro esfuerzo. Que esta decisión es el principio de un antecedente peligroso, dado que demás pobladores han construido cabañas, dormis, y demás emprendimientos turísticos. Se ve que quieren otro tipo de turismo, el de los grandes RESORTS y Mega complejos. Desde ya muchas gracias a todos los que nos han mandado mensaje de aliento y que en estos momentos están viniendo a acompañarnos al camping ante el inminente atropello del Estado Nacional.

Fue tras una reunión de Peña y Dujovne con la Coalición Cívica de Carrió, que había puesto reparos sobre el proyecto. Mañana se discutirá en comisiones y se votaría el próximo martes. “Convencimos a la Coalición Cívica, vamos a avanzar sin cambios”. La voz, de un importante funcionario, desbordaba confianza al cabo de una reunión en Casa Rosada. Es que hoy, en medio de cuestionamientos de distintos sectores, el Gobierno cerró filas puertas adentro y decidió avanzar en Diputados con la reforma previsional sin introducirle modificaciones, tal como fue aprobada en el Senado. Así, el oficialismo convocó para mañana a la tarde al plenario de comisiones y planea llevar el proyecto al recinto el martes de la semana que viene. En un encuentro que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se prolongó por casi dos horas, la Casa Rosada se aseguró de despejar las dudas de los legisladores, especialmente los que responden a Elisa Carrió; que había manifestado críticas días atrás. Para contener a la tropa, el Ejecutivo desembarcó con sus actores clave en este tema: los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), el titular de la ANSeS Emilio Basavilbaso y Fernando Sánchez, flamante incorporación de la Jefatura de Gabinete y ariete de Mario Quintana. El lilito fue el nexo con sus ex colegas. Pero fue Dujovne quien terminó de convencer a los diputados: les aseguró, tal como publicó Clarín ayer, que según sus cálculos las jubilaciones aumentarán en 2018 alrededor de un 5 por ciento por encima de la inflación. Con esta definición de Dujovne, los lilitos Paula Olivetto, Juan Manuel López y Fernando Iglesias manifestaron su conformidad, según confirmaron al menos tres protagonistas de la reunión. “Los vi a todos convencidos”, dijo un funcionario. Esta tarde, y como señal de apoyo final, el bloque de Cambiemos sacó un comunicado en el que respaldaba sin vueltas el proyecto oficial de reforma previsional. El parte llevaba la firma de Nicolás Massot, del radical Mario Negri y de Elisa Carrió que así despejó cualquier duda acerca de su posición a favor del proyecto. “Los bloques que integran Cambiemos en Diputados manifestamos nuestro apoyo a los acuerdos logrados entre el Gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y 23 gobernadores sobre el proyecto de reforma previsional que tiene media sanción”, dice el comunicado. La mención a los gobernadores no es menor. Muchos habían puesto en duda su apoyo si Carrió, integrante del oficialismo, no daba garantías de respaldar la votación. Más allá del apoyo de Lilita, el Gobierno admitió que con la fórmula nueva la suba de marzo será menor: cerca de 6%, contra más de 14% que daría con la fórmula aún vigente. Pero, sostiene, esa diferencia se compensará luego. Según los especialistas no existe tal compensación. Carrió ya había dado cierta tranquilidad el sábado, cuando al cerrar un encuentro de militantes juveniles defendió la iniciativa y sostuvo que “incluye la mejor fórmula que pueda existir para que las jubilaciones no pierdan contra la inflación”. Fue luego de advertir que se debían “estudiar cuestiones relativas al momento en que comenzará a regir la nueva fórmula de cálculo”, lo que generó un cimbronazo dentro de Cambiemos: es que, de hacerle cualquier modificación, el texto debe volver en revisión a la Cámara Alta, lo que choca con la pretensión del jefe del Bloque PJ Miguel Pichetto, que jugó a fondo para convencer a su tropa y no quiere volver a tratarlo. La reunión de hoy fue trazada por el Gobierno ante la inquietud que vibró dentro de su propio interbloque. Dudas que se reflejaron en el debate mediático: como pocas veces, fueron contadas las espadas parlamentarias que salieron a defender la iniciativa. En parte, por temor al escarnio público; y, otro tanto, por cierto desconocimiento de los alcances del proyecto. Por eso, Peña citó hoy al grueso de los referentes en Diputados. Además de los diputados lilitos, estuvieron el jefe del bloque PRO Nicolás Massot y sus colegas Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzky, Carmen Polledo, Eduardo Amadeo y Alejandro García. Mientras que desde el radicalismo participaron su jefe, Mario Negri, Miguel Bazze y Facundo Suárez Lastra. Peña, además de evacuar las dudas de los legisladores, encomendó la confección de un “resumen” para sus legisladores. Una suerte de “speech” o “instructivo”, nutrido con información técnica y datos de gestión, que los legisladores ya estudian para el debate en el plenario de comisión.

El valor del trámite para obtener el pasaporte pasó de 550 a 950 pesos, lo que representa un incremento del 73 por ciento, confirmó el Registro Nacional de las Personas (Renaper). A través de la disposición 2352-E/2017, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno comunicó que «a los fines de sostener la eficiente prestación de los servicios brindados a través del Pasaporte Electrónico, en sus diferentes modalidades, corresponde actualizar las tarifas que se perciben para la emisión de los mismos». El registro justificó la medida al señalar que el nuevo valor es correlativo al costo que tiene el documento electrónico, que contiene información biométrica del ciudadano, y recordó que estuvo casi dos años sin modificarse su precio. Juan José D’Amico, director del organismo señaló: «Para estar a la altura de las exigencias internacionales en cuanto a documentos de viaje es necesario contar con la tecnología que se utilizan en este sentido, lo que hace que tengamos que estar todo el tiempo invirtiendo en maquinarias y capacitación». El pasaporte, que continuará tendiendo una vigencia de 10 años y cuyo costo no se actualizaba desde enero de 2016, costará 950 pesos en su tramitación regular, mientras que el trámite exprés será de 2.100 pesos y el de resolución inmediata será de 950 pesos más 200 dólares. «El E-Pasaporte argentino está adecuado y sujeto a las recomendaciones y normativas de la Organización de Aviación Civil (OACI), que es el organismo internacional que según normas de seguridad emite sugerencias para la emisión de los documentos de viaje», indicó en un comunicado el Renaper.

La decisión, radica por motivos personales. Lo habría hecho a través de una misiva que le hizo llegar al Gobernador Uñac. En las últimas horas se conoció que el actual Ministro de Salud, Castor Sánchez, dejó su cargo a través de una misiva que le hizo llegar al gobernador Sergio Uñac. La renuncia se debe a cuestiones personales, según indica la misiva. Hasta el momento, la renuncia fue una sorpresa que debe lidiar Uñac y todavía no hay un reemplazante.

Se llevó a cabo la reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre el Sindicato de Empleados de Comercio y autoridades de la Cámara de Comercio de San Juan. En  la misma se resolvió que el comercio abrirá sus puertas el día 24 y 31 en horario de 9 a 15 horas, con el compromiso escrito de ser  abonado como doble jornada más un franco compensatorio, se pagarán entre $1.200 y $3.400 pesos, que puede darse en efectivo, con una canasta navideña o en bonos de canje con respecto al plus. Desde el sindicato invitaron a la ciudadanía a que anticipe sus compras de Navidad para evitar el cierre tardío el día 24 y que los empleados de comercio deban quedarse más allá del horario. Sin embargo, el día 31 de diciembre se espera que la apertura de los comercios sea menor.

Pese a que la AFIP avisó que el impuesto se fue prorrateando en cuotas durante el año para evitar una fuerte retención, una gran cantidad de trabajadores sufrirá el gravamen ya que muchos empleadores no se adhirieron a este punto. Por otro lado, el Gobierno se muestra optimista con una elevación del 29 por ciento en el mínimo no imponible para 2018.   El medio aguinaldo del mes de diciembre sufrirá la retención del impuesto a las Ganancias pese a la normativa de AFIP de prorratear el gravamen a lo largo del año.Algunos trabajadores lo sufrirán más que otros pero esta práctica que fue muy criticada hasta 2014 volverá a la escena en este fin de año a pesar del optimismo del Gobierno por las modificaciones. La Ley 27.346 que comenzó a aplicarse este año estableció un prorrateo equivalente al 8,33 por ciento del sueldo, que se toma como pago a cuenta de lo que el trabajador cobrará en diciembre. De esta forma se busca evitar que el pago del medio aguinaldo lleve al ingreso del empleado a una categoría superior por lo que sufriría un gravamen equivalente al mismo monto del sueldo anual complementario (SAC). De todos modos la iniciativa del Ejecutivo no tiene en cuenta tres ejes que quedan al descubierto y que llevará a que casi todos los trabajadores alcanzados por el impuesto deban tributar el medio aguinaldo: – Si el trabajador recibió algún aumento de sueldo en el semestre, como el aguinaldo se calcula como la mitad de la mayor remuneración del período podrían tener una deducción de Ganancias superior a la proporción del 8,33 por ciento del último ingreso. – Por problemas de instrumentación del nuevo sistema el agregado mensual del 8,33% del salario para determinar el saldo a retener de Ganancias no se aplicó en los meses previos se deberá agregar en diciembre. – Si un empleado agregó una ocupación principal adicional (pluriempleo) en algún momento del año, que le generó ingresos extra, también sufrirá una mayor proporción del descuento de Ganancias. Además, los técnicos de la AFIP recomiendan que cada trabajador esté al día con la carga de las deducciones permitidas del Impuesto. Para que los trabajadores no tengan sorpresas con Ganancias a la hora de cobrar el aguinaldo, la AFIP recomendó estar al día con la carga de las deducciones. Esto se hace obligatoriamente por internet a través del sistema Siradig, al que se puede acceder desde el sitio de la AFIP, con clave fiscal nivel 2. El Gobierno por su parte mantiene el optimismo de que en 2018 se elevará el mínimo no imponible en un 29 por ciento según la Ley 27346 ya que las variables que definen quiénes pagan Ganancias y cuánto tributan se ajustarán según la variación que haya tenido el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) entre octubre de un año y octubre del año siguiente.