La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial. La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones. Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa. Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y “por las relaciones que conserva en el poder”. “La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-“, afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación. En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación. Con este mismo procedimiento de la “doctrina De Vido-Boudou”, la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial . Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente. MAURICIO MACRI El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento. El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la “doctrina De Vido-Boudou” no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido. Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia. GABRIELA MICHETTI Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer. JUAN JOSÉ ARANGUREN El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre. La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de “abuso de autoridad” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Según la denuncia, un funcionario “como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra” de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas “Condor Cliff” y “La Barrancosa”. GUSTAVO ARRIBAS El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina “De Vido-Boudou” sino que realizó un sobreseimiento exprés. Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman. LUIS CAPUTO El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal. El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación. LUIS ETCHEVEHERE El recién asumido Ministro de Agroindustria está
Confirman subas de hasta 47% en tarifas de luz desde diciembre
PARA MEDIANAS Y GRANDES DEMANDAS, LOS AUMENTOS OSCILAN ENTRE 45% Y 65%. Son los datos para Capital Federal y GBA, donde operan Edenor y Edesur. Se considera el alza en el precio mayorista, la segunda fase de incrementos para las distribuidoras, y un ajuste por inflación del 11,6%. El ENRE comunicó ayer que a partir del 1 de diciembre las tarifas de Edenor y Edesur para usuarios residenciales se incrementarán en un 39% para consumos de hasta 400 kwh por mes, en un 38% para un gasto de 400 a 600 kwh mensuales, y en un 47% para los que utilicen más de 600 kwh por mes. Para las medianas demandas , la suba se ubicará entre un 50% y 55%, y para las grandes demandas será desde el 45% y 65%. En todos los casos, las variaciones son antes de impuestos, por lo que si se considera que la carga impositiva aumenta proporcionalmente, el alza efectiva es mayor. Los datos forman parte del informe que se considerará en la audiencia pública del 17 de este mes. El mismo documento detalla que a partir del 1 de febrero, habrá otras subas que se acumularán sobre las anteriores: para consumos residenciales de hasta 400 kwh: 16%, de 400 a 600 kwh: 14%, y de más de 600 kwh: 27%. Así el aumento total entre las dos etapas será del 61%, 57% y 86%, respectivamente. Para llegar a los aumentos de diciembre, el ENRE indicó que tuvo en cuenta el costo de distribución determinado en la revisión tarifaria para noviembre (cuando debía ser aplicado y no se hizo) actualizado al 1 de diciembre, más un ajuste del 11,6% en relación con la estructura de costos de Edenor y Edesur correspondiente a agosto, septiembre y octubre. El organismo consideró además un incremento del 35% en los precios mayoristas para pequeñas y medianas demandas, y del 25% para los usuarios con demandas superiores a 300 kW/mes y, una propuesta de asignación para el transporte en alta tensión presentada por el Ministerio de Energía de $31,3 /megavatio para el área metropolitana. Para llegar a esas conclusiones, el ENRE recordó que el 31 de enero pasado se aprobó la revisión tarifaria integral de Edenor y Edesur a aplicar en tres etapas el 1 de febrero de 2017, 1 de noviembre de 2017 y 1 de febrero de 2018. También dijo que con relación al diferimiento del ajuste del costo de distribución por precios, que «debió hacerse efectivo a partir de agosto, a los efectos de su reconocimiento en términos reales, deberá aplicarse dicho concepto a partir de diciembre utilizando también el mecanismo de actualización». Asimismo, el ENRE recordó que la revisión tarifaria integral establece «un mecanismo no automático de actualización semestral del costo de distribución, con el objetivo de mantener la sustentabilidad económico-financiera de la concesión». Agregó que ese mecanismo involucra dos instancias: en la primera se establece una cláusula gatillo de modo que si surge una variación igual o superior al 5% en los precios de la economía se habilitará una segunda instancia. En ésta se considera una fórmula de ajuste semestral en relación con la estructura de costos de las dos distribuidoras. Indicó que, como resultado de la aplicación de la fórmula de ajuste, la actualización del costo de distribución aprobado el 1 de febrero de este año es del 11,6%.a computar desde el 1 de agosto. En tanto, para calcular las tarifas de febrero, se estimó un ajuste del 10,9% considerando el semestre agosto-enero sobre el costo de distribución correspondiente a la tercera fase de la revisión tarifaria, y un incremento adicional del 20% en el precio mayorista. Fuente: Ambito.com
Está en riesgo la democracia: la oposición denunció «un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno»
Unidad Ciudadana, la fuerza opositora que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, emitió un comunicado tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, en el que denunció que «el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores». CFK advirtió en su Twitter que «está en riesgo la democracia», citando el título del comunicado que también colgó en la red social Telegraph. «El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar», advirtió Unidad Ciudadana. La carta completa: En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar. En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes. Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional. Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias, Juez en lo contencioso de La Plata. Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país. En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia. Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse. Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente. En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente. Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares. Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general. Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho. Buenos Aires, 3 de noviembre.
Uñac viajará junto a Macri a Estados Unidos
Participará del Concilio de las Américas, foro de debate económico. El gobernador Sergio Uñac viajará el próximo lunes 6 de noviembre a Estados Unidos integrando una comitiva encabezada por el presidente Mauricio Macri. El viaje se iniciará el lunes 6 y el evento principal está agendado para el día siguiente en Nueva York, donde se desarrollará el encuentro organizado por el Council of the Americas y por Black Rock, un fondo de inversión que maneja más de 5 billones de dólares en activos, según informó Telam. Además de Uñac y sus pares de Córdoba y Entre Ríos, integrarán la comitiva los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Economía y Finanzas, Luis Caputo; el canciller Jorge Faurie, entre otras autoridades. El Council of the Americas, con sede en Estados Unidos, desde 1965 reúne en foros de debate a los principales empresarios y líderes políticos mundiales para analizar la coyuntura en materia económica y política. Black Rock, en tanto, es una empresa de gestión de inversiones estadounidense cuya sede central se encuentra en Nueva York. Es considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, valorados en más de 5,1 billones de dólares en 2016
Detuvieron a Amado Boudou: pasaron las elecciones pero la campaña sigue
La detención fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien esta misma semana fue denunciado por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción. El magistrado le imputa el delito de asociación ilícita en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El ex vicepresidente fue arrestado por miembros de Prefectura y se espera que esta misma mañana sea llevado a los tribunales de Comodoro Py. Dos días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el Gobierno de cajonear causas de corrupción, el juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. El arresto se concretó esta misma mañana y el vicepresidente fue llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py. La causa en la que Lijo ordenó la detención de Boudou hoy viernes, en vísperas del fin de semana, lleva cinco años de trámite. La decisión del juez descolocó incluso a Alejandro Sánchez Kalbermatten, autor de la denuncia que dio origen el expediente. «Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención», sostuvo apenas se conoció arresto y agregó: «No conozco los fundamentos. Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa.» Lijo acusa a Boudou de lavado de dinero y asociación ilícita, una figura penal cuestionada y difusa a la que suelen recurrir los jueces para ordenar detenciones. El ex vicepresidente ni siquiera fue indagado, pero el juez fundamentó su decisión de detenerlo en que puede “entorpecer la investigación”. Además de la detención del ex vicepresidente, Lijo ordenó la de José María Núñez Carmona. En la causa también aparecen involucrados Agustina Kampfer, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López. El magistrado no mandó a detenerlos, pero sí decidió citarlos a indagatoria. En su resolución, Lijo sostiene que el ex vicepresidente formó parte de una asociación ilícita “destinada a cometer delitos con miras a la obstrucción de beneficios económico derivados de la actuación al margen de la ley”. Eduardo Durañona, el abogado de Boudou, advirtió que en ninguna de las causas en que se lo investiga se lo acusa de asociación ilícita. “Me sorprende la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento”, declaró también Durañona, quien además detalló que todos los martes el ex ministro de Economía se presentaba en Tribunales para cumplir con los requerimientos de la Justicia. “El juez insistió en que hay ocultamiento de bienes, algo bastante curioso cuando hubo una pericia que duró más de dos años. Se está usando como maniobra hablar de asociación ilícita cuando en ninguna de las cusas que lo investigan está acusado de ese cargo”, remarcó Durañona, que diferenció lo que podría ser un requerimiento de justificación de la fiscalía a esta situación en donde “se están apurando todos los tiempos procesales”. La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra «una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso». El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre. Fuente: Pagina/12
