En el marco de la idea reinante en la Casa Rosada de desburocratizar el Estado, el Gobierno decidió poner fin a la obligación de liquidar divisas por parte de los exportadores, como corolario de la serie de ampliaciones de plazo que fue realizando la administración de Cambiemos desde el inicio de la gestión. Si bien las normativas que establecieron períodos máximos para ingresar las divisas se habían reglado en 2001, fue durante los años K que los plazos se fueron reduciendo hasta llevarlo a 15 días, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares y tratar de evitar que la escasez dispare el tipo de cambio. Esta imposición siempre fue criticada por las empresas que entendían que era de difícil cumplimiento al momento de concretar una venta en el exterior. Cuando Mauricio Macri asumió, el plazo para la liquidación de divisas en el sistema financiero estaba en 30 días, límite que había impuesto el kirchnerismo en mayo de 2012. Durante 2016, el Gobierno fue prorrogando gradualmente el plazo de los 30 días a los 5 años. En enero de este año, el tiempo para cumplir con la obligación de liquidar las divisas provenientes de ventas en el exterior se extendió a los 10 años con la intención de ampliar y mejorar la capacidad de financiamiento de los exportadores. Ahora, mediante un decreto que se espera se publique hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno directamente eliminará la obligación al entender que «se había convertido en una carga» y para «estar en línea con lo que ocurre en el mundo», tal como explicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero. Respecto a la posibilidad de que con esta medida ingresen menos divisas de las exportaciones y que consecuentemente una menor cantidad de dólares en el mercado local provoque un aumento del tipo de cambio, funcionarios analizaron que «en la práctica cuando llevamos el plazo a 10 años, ya no existía esta obligación» y agregó que «la tensión que pueda haber sobre el precio de dólar se va a corregir cuando alguien venda. Si hay alguna restricción, entonces el precio no es libre». Como ejemplo del impacto negativo que significó esta imposición, en el Gobierno explicaron que con la administración anterior las pymes argentinas perdieron 23 mercados porque los compradores no podían cumplir con el exiguo plazo de 15 días para pagar. Habrá que ver en la práctica como repercute esta disposición sobre los agroexportadores al momento de ingresar las divisas provenientes de las ventas de granos y derivados. Por caso, la semana pasada el campo liquidó 350,7 millones de dólares por sus ventas al exterior, con una baja del 30,7% en comparación con igual período de un año antes y un 2,4% con relación a la semana previa. De esta forma, el monto liquidado por los exportadores agrícolas desde comienzos de año asciende a 18.791 millones de dólares, lo que representa una baja del 10% período de 2016. Fuente: Ámbito.com
Colombia: la Farc se lanza de lleno al terreno electoral, Londoño será el candidato a la presidencia colombiana
“Entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios a la Presidencia y al Congreso. La gente del común y todos los que sueñan con una patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia”. Con esas palabras Iván Márquez anunció este miércoles los nombres del candidato presidencial y los candidatos a Cámara y Senado con los que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) entrará en la arena política. Tal como estaba previsto, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, será el candidato a la Presidencia de la República por ese partido y la dirigente de la Unión Patriótica, Imelda Daza, su fórmula vicepresidencial. La lista de Senado la encabeza Iván Márquez, seguido por Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Benkos Biohó, Victoria Sandino y Sandra Ramírez. Para la Cámara de Representantes las apuestas son: Antioquia, Olmedo Ruiz; Bogotá, Byron Yepes; Valle del Cauca, Marco Calarca; Atlántico, Jesús Santrich y Santander, Jairo Quintero. “Para Cámara hay cinco y nos la vamos a jugar por las zonas de mayor votación como el Valle del Cauca, Bogotá, Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico y Bucaramanga. Vamos a buscar en el resto de departamentos conformar unos acuerdos políticos, nuestra disposición es apoyar”, detalló Márquez. Sobre el regreso de Rodrigo Londoño a Colombia (se encuentra en Cuba por motivos de salud), Carlos Antonio Lozada señaló que ya están en “diálogo con el camarada Timo para últimar los detalles de lo que debe ser su regreso para que asuma como candidato oficial la conducción de la campaña que tendrá las propuestas que vamos a presentar. No solamente cuenta con el visto bueno de los médicos sino también con la anuencia de sectores importantes de la sociedad colombiana”. De acuerdo con Márquez, la Farc tiene la convicción de que se están gestando “los tiempos para hacer realidad las esperanzas de la gente del común”, por lo que instó al Gobierno y al Congreso de la República para que “tenga la estatura histórica para diseñar los requerimientos que respondan al trámite de la Reforma Política, las Circunscripciones Especiales de Paz, la JEP, la definición del marco de implementación y la Reforma Rural Integral que viene siendo amenazada por un proyecto de ley de tierras gubernamental”. Para Imelda Daza, la apuesta de la Farc estará dirigida a la búsqueda de un modelo más incluyente, más humano y que garantice la eliminación de la pobreza. Además, en su caso particular, quiere que el mensaje esté dirigido a las muejeres colombianas: “Yo particularmente, por mi condición de mujer y víctima, quiero dirigirme a la mujer colombiana, dadora de vida, constructora de paz. Las madres y abuelas de Colombia hemos dicho que no parimos hijos para la guerra. Representanos la mitad de la población pero además somos las mámas de la otra mitad. Asumamos esa condición de daroras de vida para comprometernos a fondo con la defensa de este proceso”. Daza manifestó además su preocupación por los asesinatos de líderes sociales en el país y fue enfática al señalar que en Colombia no se puede repetir un hecho similar a lo ocurrido con la Unión Patriótica. “No quiero pensar que esa terrible historia se repite, no aceptamos que se piense en esa terrible posibilidad. Por eso el compromiso por la construcción de otra sociedad deber ser de todos. Hay quienes intentan repetir el genocidio, es cierto, y lo demuestra el sistemático ataque contra líderes. No es posible que tan alegramente pensemos que se va a repetir la historia. Por eso hay que denunciarla”, señaló. El anuncio de la Farc se conoce menos de 24 horas después de que el Consejo Nacional Electoral dio vía libre al partido político, dándole la personería jurídica que les permitirá participar del debate electoral, para las elecciones de 2018. Fuente: El Espectador
Sergio Maldonado: «No cuenten conmigo para sembrar odio, nuestro único reclamo es justicia»
A tres meses de la última vez que se vio con vida a Santiago Maldonado y ante una Plaza de Mayo colmada, su hermano reclamó Justicia por la muerte del joven tatuador y por «todas esas víctimas que han desaparecido en democracia». Cerca de las cinco de la tarde, la Plaza de Mayo volvió a ser el escenario de una nueva movilización, la tercera, por Santiago Maldonado. En este caso, no para pedir su aparición con vida sino para reclamar Justicia por la desaparición y posterior muerte del joven de 28 años que fue hallado muerto en el Río Chubut tras un operativo de represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche. Minutos antes de las seis de la tarde y acompañado por su esposa, Andrea Antico, y organismos de derechos humanos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, subió al escenario y en un breve discurso exclamó: «No estábamos listos para la muerte» del joven y «todos los días vamos a pedir Justicia, hasta que sepamos la verdad». Sergio, quien estuvo presente durante toda la investigación para dar con el cuerpo de su hermano y fue el encargado de hablar con la prensa, recordó que «desde el comienzo» el «reclamo ha sido la verdad y justicia». Por eso, no sólo pidió que se conozca lo que ocurrió con su hermano, sino también con «todas esas víctimas que han desaparecido en democracia». Ante una plaza repleta, Sergio agradeció «a todos los que se movilizan» y les dijo que «Santiago los quiere en paz». Más temprano, la familia Maldonado había publicado un comunicado oficial en el que remarcaron que «junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad» porque «sólo así podrá descansar en paz ¡Justicia por Santiago!», exclamó desde el escenario.
Uñac, molesto con el Gobierno Nacional por medidas impositivas
Sergio Uñac, junto con otros gobernadores están dispuesto a llevar su inconformidad a Casa Rosada. A la preocupación por la agenda económica que empezarán a discutir con Mauricio Macri a partir del jueves que viene, en las últimas horas, varios gobernadores sumaron furia y reclamos que plantearán cara a cara al Presidente. Los dueños de la cólera son los gobernadores cuyas provincias se verán directamente afectadas por los cambios impositivos que anteayer anunció el Gobierno. La lista incluye a Mendoza, Tucumán, San Juan, Salta y Tierra del Fuego. El lote es variopinto: incluye a peronistas, oficialistas, ganadores y perdedores de las últimas elecciones. Con matices, más o menos directamente, esos gobernadores ya manifestaron su malestar. El enojo por el proyecto oficial tensa la negociación con la que el Gobierno pretende conseguir el apoyo de los jefes provinciales para avanzar con la reforma tributaria y con otros cambios que considera elementales, como la reforma laboral. Ya ayer el malestar de las provincias se notó en el Senado (ver aparte). Representantes de las provincias afectadas cruzaron por la reforma impositiva al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que ayer dio su informe mensual en el Congreso. Entre los gobernadores, la más directa fue Rosana Bertone, muy molesta con la intención de reducir a cero los impuestos para celulares, televisores y monitores, que hoy tributan el 17 por ciento. La mandataria fueguina le pidió una audiencia «urgente» a Macri y despotricó contra la reforma vía Twitter. «La aprobación de este proyecto significaría la disolución territorial de nuestra provincia», escribió en la red social poco después de reunirse con su gabinete. «Voy a defender a rajatabla las condiciones jurídicas que han hecho posible que la provincia pueda desarrollarse», añadió la gobernadora. Los números explican el malestar. La industria electrónica representa el 30 por ciento del PBI de Tierra del Fuego y es su principal contribuyente y empleador. Según calculan en la provincia, de prosperar, el cambio impositivo afectaría unos 9600 puestos de trabajo, un 20 por ciento del total de empleos de la isla. Tanto Bertone como el tucumano Juan Manzur, el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Juan Manuel Urtubey llevarán su enojo al cara a cara con Macri el jueves próximo. Todos prevén poner el impacto de la reforma impositiva sobre una mesa en la que ya esperan discusión el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano, el futuro del impuesto al cheque y de Ingresos Brutos (que representa más del 70% de la recaudación de las provincias), la ley de responsabilidad fiscal y la transferencia de las cajas previsionales de las provincias a la Nación. También llevará su queja el mendocino Alfredo Cornejo. Parte de Cambiemos, el gobernador fue escueto en las críticas: calificó el aumento de la alícuota a vinos y sidras (del 0 al 17%) de «inadmisible». Sin embargo, dejó el enfrentamiento directo con la Casa Rosada en manos de la vicegobernadora y ex ministra de Economía de la provincia, Laura Montero. Igual que Bertone, la ex senadora nacional embistió contra los planes del Gobierno a través de Twitter y eligió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como blanco directo de sus críticas. «Evidentemente @NicoDujovne no entiende nada de las economías regionales y de la crisis a la que fueron sometidas en la época K», disparó. El embate contra el ministro no quedó allí: «@NicoDujovne Ud. no dimensiona el daño y arruina años de trabajo público/privado en el posicionamiento del vino en el mercado», añadió la vicegobernadora, tras advertir que la suba del impuesto al vino provocará una caída del consumo, afectará la rentabilidad de las bodegas más chicas y conducirá a una mayor concentración del mercado, además de «dañar directamente» el empleo. Las quejas por el cambio impositivo se multiplicaron en San Juan y en Salta. En la primera, donde el peronista Uñac ganó con holgura las elecciones legislativas, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, adelantó que el tema «será parte de lo que el gobernador plantee» en la cita con Macri, y advirtió: «La medida es contradictoria. El gobierno nacional ayudó a nivelar el stock y ahora pone cargas impositivas al sector, que esperaba una buena temporada de precios». En Salta se encendieron alertas por el impacto en el turismo, muy asociado a la llamada «ruta del vino». El tucumano Manzur, otro peronista que ganó cómodo las legislativas, no quiere saber nada con el aumento en el tributo a las gaseosas y otras bebidas con azúcar. El azúcar es el principal producto industrial que se elabora en Tucumán. La suba también afectaría la producción de limón, otro de los pilares económicos de la provincia
Tras la renuncia de Gils Carbó, apartaron a la Procuvin del caso Maldonado
La fiscal Ávila tomó una medida acorde a los nuevos tiempos judiciales y puede dar vuelta el caso del joven desaparecido y muerto. La Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) fue apartada de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La decisión fue adoptada por la fiscal Silvina Avila, después de que el juez federal Gustavo Lleral decidiera reasumir el curso de la investigación. La Procuvin colaboraba con Avila mientras era ella quien estaba al frente de la investigación, pero una vez que el juez reasumió el timón, ella consideró que ya no era necesaria la intervención de la procuraduría especial. La medida llega en la misma semana que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre, un viejo anhelo de Mauricio Macri. Maldonado desapareció el 1 de agosto tras participar de una protesta de los mapuches en Esquel que fue reprimida por la Gendarmería y fue encontrado muerte en el Río Chubut, a mediados de octubre. La Procuvin era el único estamento del Ministerio Público Fiscal que específicamente estaba investigando el accionar de la Gendarmería Nacional en el contexto de la muerte de Maldonado. Según informó la agencia DYN, La decisión de la fiscal, que fue tácitamente avalada por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban una presentación para pedir la continuidad del organismo. La Procuvin estaba desarrollando un informe propio sobre la base de las pruebas recogidas para entregarlas como aporte a la investigación del juez Lleral. Fuente. El Destape
Los empresarios de la cerveza se oponen a la suba en el impuesto: dicen que el impuestazo hace peligrar inversiones por u$s 1.800 millones
El director de la Cámara de la Industria Cervecera, Alejandro Berlingeri, salió a cuestionar el plan de reforma tributaria anunciado por el Gobierno, que contempla un aumento en la alícuota del impuesto a la cerveza (pasaría del 8% al 17%). En ese marco, aseguró que «pone en riesgo el plan de inversiones que la industria venía anunciando para el período 2016-2020, por 1800 millones de dólares». Según Berlingeri, ya se ejecutó el 25% de ese plan de inversiones que lleva adelante la industria cervecera y que tiene que ver con «variedades nuevas de productos, con envases y con desarrollo de maltas». «Todos los socios me están comunicando que este plan está en revisión o suspensión», afirmó el empresario en declaraciones al programa «Mañana Sylvestre», que se emite por Radio 10. Asimismo, indicó que la industria ya tiene una carga impositiva del 52% y que «no va a poder absorber el aumento del impuesto interno que va del 8% al 17% nominal». En ese sentido, agregó que «como no lo va a poder absorber lo va a trasladar a precios». Berlingeri sostuvo que la industria cervecera se siente discriminada con la reforma impositiva. «Si el objetivo era la salud, recordemos que la cerveza es la bebida con menos graduación alcohólica», señaló al tiempo que agregó: «Si piensan que afectan a las tres cervecerías grandes están equivocados. Esto afecta a más de mil emprendimientos en todo el país, a cada pueblo, municipio o localidad que tiene su empresa de cervecería artesanal». Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo el último martes que el proyecto de reforma tributaria será de implementación gradual e implicará subas en impuestos internos para bebidas con alcohol, incluyendo vinos, cervezas y sidras, y gaseosas azucaradas, tal como lo había adelantado ámbito.com. Según el proyecto, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 17%; de las cervezas del 8 al 17% y el champaña también de 0 a 17%. Fuente: Diario de Cuyo
Prohíben la venta de un aceite de oliva en todo el país
La ANMAT prohibió la comercialización en todo el país de un aceite de oliva porque «no cumple con la legislación alimentaria vigente». La disposición fue publicada en el Boletín Oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la comercialización en todo el país del aceite de oliva marca Almacén Boutique porque «no cumple la legislación alimentaria vigente». La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria llevó adelante un monitoreo con toma de muestra del producto, chequeó con el Departamento de Bromatología de la provincia de Catamarca si el establecimiento estaba autorizado, pero el registro era «inexistente». Además, el informe de laboratorio concluyó que la muestra analizada no cumplía con lo establecido por el Código Alimentario Argentino. “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Aceite de Oliva”, marca: Almacén Boutique, RNE N° 03000263, así como de todo alimento del RNE citado, por las razones expuestas en el Considerando”, señala la disposición publicada en el Boletín Oficial.
Reforma laboral, reducción de montos indemnizatorios y “fondo de cese de empleo”: despedir será más barato y sencillo
La reforma a las leyes laborales, amplia y ambiciosa, contempla la reducción de la base de cálculo de indemnizaciones por despido sin causa, y la creación de un fondo que sustituye y abarata el despido en algunas actividades. Uno de los puntos centrales del proyecto de ley por el cual el Gobierno busca modificar la Ley de Contratos de Trabajo tiene que ver con la indemnización por despidos sin causa. Según los expertos consultados, la iniciativa oficial implica una reducción en el monto para calcular el resarcimiento y la creación de un fondo con los aportes patronales que podría hacer perder el poder disuasivo de la indemnización. A comienzos de año, el Gobierno empezó a tantear el escenario político para desplegar su reforma laboral. La ecuación hasta antes de las elecciones parlamentarias, según lo que admitían funcionarios y empresarios afines al oficialismo, no daba para una reforma general, por lo cual la intención era avanzar firmemente por sectores, con los primeros casos de petroleros y trabajadores de la industria láctea, seguidos por la carne, empleados del sector automotor y madera y muebles, entre otros. El espaldarazo de las urnas, sin embargo, envalentonó al Gobierno con un proyecto de ley de reforma de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), que es el cuerpo normativo que define el piso de derechos con que cuentan los trabajadores de todo el país. Por sobre ese mínimo se montan los convenios colectivos de trabajo definidos por sector de la actividad económica. La reforma es muy amplia y ambiciosa, y sectores ligados al mundo del trabajo advierten que hay retrocesos en varios frentes. El artículo 49 del proyecto oficial modifica el artículo 245 de la ley vigente referido a la “Indemnización por antigüedad o despido”. El texto redactado por las segundas líneas de la cartera de Trabajo que conduce Jorge Triaca advierte que “quedan excluidos de la base salarial prevista –para definir la indemnización– el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual”. La ley actual define que la base de la indemnización es “la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada” pero no excluye explícitamente los conceptos que el proyecto oficial ahora deja de lado. Por eso, en la actualidad hay una serie de ingresos extra-salariales que los trabajadores cobran con continuidad que terminan incluidos en las indemnizaciones. Esto ocurre típicamente en el caso de las grandes empresas con el pago de la prepaga, el teléfono celular o el auto, por ejemplo, conceptos que funcionan en los hechos como una parte del salario. Con la reforma, esos ítems se excluyen explícitamente del cálculo indemnizatorio. “En cuanto a las horas extra, en los casos en donde son normales y habituales (que son muchos) bajo la actual ley no hay dudas de que ingresan en el cálculo de la indemnización. En cambio, ahora quedarán afuera porque el proyecto del Gobierno lo excluye explícitamente”, indicó a este diario Luis Federico Padín, miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. También hay conceptos cuya inclusión en el cálculo de indemnización suele estar en discusión en la Justicia. “Si bien la ley actual sólo contempla percepciones habituales, ha habido jurisprudencia en el sentido de que los premios anuales se han devengado mensualmente pero se cobran a fin de año. Están buscando unificar criterios pero a la baja”, consideró Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Otro punto vinculado a las indemnizaciones es la creación de un “Fondo de cese laboral”. El proyecto oficial dice que en los convenios colectivos se podrá establecer un fondo integrado por aportes patronales para solventar el pago de la indemnización para los despidos sin causa y las demás modalidades de extinción del vínculo laboral. Si bien no está claro cómo funcionaría dicho fondo, la lógica de ese instrumento replica el estatuto del sector de la construcción consagrado en la Ley 22.250. En función de la lógica de trabajo inestable del sector de la construcción, el estatuto de esa actividad permite que el empleador despida a los trabajadores sin ningún tipo de problema porque desde el comienzo de la relación contractual aporta a un fondo que luego financia el resarcimiento. “Cuando se disuelve el contrato, lo único que hace el trabajador es retirar plata de ese fondo. Es la inestabilidad laboral más absoluta. En la construcción te echan cuando quieren y cómo quieren porque no tiene costo”, explicó Luis Ramírez. “El fondo del cese laboral permite que el empleador no sufra un daño patrimonial al momento del despido, le da previsibilidad. Incluso el trabajador se podría asegurar cobrar la indemnización, cosa que no sucede cuando la empresa quiebra. Pero es un gran problema porque se legitima la extinción sin causa del vínculo laboral y se rompe con la lógica disuasiva de la indemnización. Es más, esto modifica la naturaleza de la relación laboral porque al no tener costo el despido, el empleado pasaría a estar en una situación extremadamente desventajosa frente al empleador. Además, en la construcción el fondo lo termina financiando el empleado porque la empresa descuenta el aporte del salario”, agregó Padín. “La lógica de la indemnización es otorgar un ingreso hasta que el empleado encuentre otro trabajo pero a la vez desincentivar el despido. El fondo de cese laboral elimina el costo al momento del despido”, añadió Mariana González, del Cifra. Fuente: pagina/12
