Los catalanes han votado. 2,2 millones de ellos -el 42,58% del padrón- desafiaron al contingente de guardias civiles y policías enviado por Madrid para poder decidir sobre su futuro como nación independiente. Más del 90% de ellos dijo que sí. Un número notable, pero tal vez no suficiente para legitimar la hipotética declaración de independencia.
Si bien el balance político-electoral de la jornada se encuentra disputado, las cosas resultan más claras en el terreno de la lucha por la opinión pública. Desde la mañana las imágenes que empezaron a llegar desde Cataluña acapararon la atención del mundo: gente durmiendo dentro de los centros de votación para evitar que la policía los clausurase al día siguiente, largas filas de personas de todas las edades esperando para votar, abrazos y llanto en medio de banderas esteladas. El domingo se convirtió en una auténtica jornada de desobediencia civil transmitida en vivo para todo el mundo.
Tal vez pocas cosas generen tantos nuevos independentistas como los Guardias Civiles con pasamontañas entrando a los colegios de Barcelona para requisar urnas o los antidisturbios cargando contra una multitud pacífica. Sin embargo, tales imágenes también repercuten en Madrid. No son pocos los que allí esperan que el gobierno central maneje con mano dura el desafío catalán. Por ende, las medidas crecientemente autoritarias de Mariano Rajoy reducen la probabilidad de llegar a una resolución política y negociada del conflicto con el Govern catalán, pero al mismo tiempo le permiten incrementar su popularidad en el home front madrileño. Esto, sumado al comportamiento vacilante de los partidos de la oposición, permite conjeturar un incremento en el apoyo al PP en las próximas elecciones.
Tras la jornada del referéndum los hechos empezaron a desarrollarse a velocidad creciente. El martes 3 las organizaciones independentistas convocaron a un paro cívico en toda Cataluña que les permitió volcar a decenas de miles de personas en las calles, una muestra de que el independentismo no solo puede reunir votantes sino también movilizar activamente a una parte sustancial de la población catalana. Por su parte, ese mismo día el rey Felipe VI realizó un discurso televisado donde acusó al gobierno catalán de deslealtad al tiempo que respaldó a Rajoy y las fuerzas de seguridad españolas. Peligrosa postura de parte de una figura que desde 1978 se supone que existe para facilitar la armonía entre las naciones que conviven en España. En perfecta sintonía con la línea del Ejecutivo, al día siguiente la justicia española suspendió la sesión del Parlament anunciada para el lunes próximo, cuando se especula que Carles Puigdemont y los partidos que conforman su gobierno declaren la independencia y comiencen el proceso de ruptura con el estado español.
Pero más allá de estas amenazas, fue el viernes 6 cuando sucedió la jugada que más inquieta a un sector del independentismo: algunas de las entidades financieras más importantes de Cataluña, como Caixabank y Banc Sabadell anunciaron que trasladarán sus sedes barcelonesas a otras ciudades de España. Lo mismo sucedió con la empresa Gas Natural y se espera que otras entidades adopten resoluciones similares. Estas medidas arrojan dudas sobre la viabilidad económica de un hipotético estado catalán independiente, que aún no ha resuelto qué hacer con respecto a la cuestión monetaria y su relación con la Unión Europea.
La constitución española en su artículo 155 estipula que el estado central puede suspender la autonomía de alguna de las comunidades que conforman el país en caso de que ésta no cumpla con sus obligaciones o se sitúe fuera de la ley. Tal intervención puede consistir en disolver las instituciones autonómicas de la comunidad, pero resulta imposible saber cómo esa decisión se ejecutaría en la práctica, ya que el artículo 155 nunca se ha aplicado desde que la constitución fue sancionada. Considerando que un importante sector de la población catalana anhela la independencia y ha demostrado tener una alta capacidad de movilización, es difícil imaginar un escenario donde el estado central retome el control de Cataluña sin un uso masivo de la fuerza pública. Rajoy es consciente de que cuenta con el apoyo de sus socios europeos y su imagen en la prensa internacional no parece estar entre sus primeras preocupaciones, por lo que es posible que en los próximos días desde España lleguen imágenes más frecuentemente observadas en el extremo este de Europa que en un país que hasta hace poco tiempo juzgaba la legitimidad de distintos gobiernos latinoamericanos.
