Este sábado en horas de la mañana, personal de la Comisaría 1° realizó un procedimiento en Mendoza 602 sur. Investigan a profesionales médicos y enfermeros que trabajan en ambos nosocomios. Personal de la Comisaría 1°, a cargo del comisario Gregorio Díaz, allanó este sábado al mediodía una clínica capitalina. Según fuentes de la investigación, se trata de Santa Clara y en el lugar se encontró material quirúrgico que habría sido sustraído del Hospital Guillermo Rawson, El caso generó gran conmoción y si bien no hay detenidos, investigan a médicos y enfermeros que prestan colaboración en ambos nosocomios. Interviene el Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo del magistrado Pablo Flores.
Víctimas de cibercrimen: las empresas pierden US$ 400 millones por año
El 71 por ciento de las empresas reconocen haber sufrido algún tipo de ciberataque en los últimos 12 meses. Las empresas afrontan pérdidas por unos US$ 400 millones anuales por el accionar de ciberdelincuentes, a nivel global, según datos de la consultora especializada en el mercado tecnológico International Data Corporation (IDC). Además, el 71 por ciento de las empresas reconocen haber sufrido algún tipo de ciberataque en los últimos 12 meses, aseguró la Business Software Alliance (BSA), entidad que reúne a las empresas de software en su combate a la ciberdelincuencia y quien difundió los datos de la IDC. Para la BSA está «comprobado que el uso de software no licenciado es una de las principales causas de la activación del software malicioso que, al mismo tiempo, abre la puerta al cibercrimen», indicó Cassandra de la Cruz, ejecutiva de la entidad. Ninguna empresa de seguridad informática asegura el 100 por ciento de protección, por lo que la entidad promueve un plan de acción de cuatro pasos para aplicar dentro de las empresas e instituciones. Fuente: Telam
Mendoza: habrá pena de cárcel a los que agredan a docentes
Un proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura prevé hasta 10 días de arresto por atacar a docentes. Se crearía el cargo de defensor del docente. Tras la agresión sufrida por una docente de la escuela Rawson de Godoy Cruz, en manos de un padre, hizo reaccionar al gobierno de Alfredo Cornejo, que promueve prisión “de hasta diez días” para quienes ataquen a los maestros. Así lo indica el proyecto que elaboran los asesores legales de la Dirección General de Escuelas (DGE) y que el Poder Ejecutivo enviará la semana que viene a la Legislatura, según publica el diario Los Andes. El anuncio lo hizo el Gobernador Cornejo, que informó que se creará la figura del “defensor del docente”. La idea es que los responsables del aula cuenten con un abogado gratuito a disposición cuando sufran alguna situación violenta. “Los docentes contarán con un abogado gratuito de la DGE, que los asista en la denuncia, aplicando el Código Penal”, dijo Cornejo. “Esta defensoría se hace con el mismo personal, no se crean cargos. Es como hicimos con el defensor del policía. Funcionará en la propia oficina jurídica, donde se destinarán tres personas a asistir a los docentes”, añadió el mandatario. “El problema existe y si bien no tiene niveles alarmantes, sí tiene niveles prevenibles”, consideró Cornejo. “Para que sea prevenible debe haber sanciones y, antes, denuncias”, agregó. La iniciativa busca reglamentar “la creación del defensor del docente, el agravamiento de las sanciones correccionales para ofensas a docentes y un nuevo sistema de denuncias en escuelas en caso de detectar situaciones de violencia en contra de menores”, tal su título. En el articulado se destaca la modificación del artículo 43 del Código de Faltas, que hasta ahora prevé “multas o arrestos” por mofarse o agredir a un funcionario público. Y le agrega: “Si el ofendido fuere un docente, de cualquier nivel jerárquico de un establecimiento educativo, la pena será de hasta 10 días de arresto”. Otro artículo incita a las autoridades escolares a “comunicar la situación de presunta violencia, maltrato o abuso” y no sólo plantea el de los docentes, sino que también podrán avisar hechos intrafamiliares que detecten. “Se lo comunicarán al asesor de Menores e Incapaces”, indica. Ese asesor será quien haga la denuncia respectiva. El motivo, según se informó, es evitar cualquier represalia que el docente pueda sufrir. Otro artículo asegura al docente agredido la asistencia y representación “gratuita” de un abogado provisto por la DGE. Es cierto que ahora existe, pero en la mayoría de los casos los letrados han actuado “de oficio”. “Ahora en cada caso estará el abogado”, dicen. En principio, el proyecto no ha sido consultado con el Consejo Asesor de la DGE ni con el SUTE. Sebastián Henríquez, su titular, coincidió con Cornejo en que la función ya existe. “La DGE tiene un cuerpo jurídico, un abogado que asesora a los docentes en estos casos. Nosotros también lo hacemos”, contó, aunque no se mostró satisfecho con la medida. “La respuesta es la prevención, que se logra con más recursos y personal, y con que los organismos del Estado no estén saturados. Necesitamos que las escuelas primarias tengan el suficiente personal profesional, y no una sola persona para toda una sección”, recomendó el titular del gremio docente. Fuente: Los Andes
Macri le transmitió a Pence el malestar por la aplicación de aranceles al biodiesel
El presidente le envió una nota al vicepresidente de Estados Unidos en la que le transmitió el malestar del gobierno con la decisión de ese país de fijar un arancel promedio de 57 por ciento a la importación de biodiésel argentino. El presidente Mauricio Macri le envió hoy una nota al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la que le transmitió el malestar del gobierno con la decisión de ese país de fijar un arancel promedio de 57 por ciento a la importación de biodiésel argentino y le solicitó iniciar una gestión destinada a facilitar el diálogo entre los actores del sector privado de ambos países para poder encontrar una solución al tema. Si bien no trascendió el contenido de la nota, fuentes gubernamentales confirmaron a Télam que el tenor de la misma estuvo «en línea con lo que se conversó en la reunión que mantuvieron el canciller Jorge Faurie y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Thomas Cooney, con vocación de que intervengan para facilitar el diálogo entre privados y que se pueda llegar a un acuerdo». La decisión de enviar la carta al vicepresidente Pence y no al presidente Donald Trump se fundamentó en la reciente visita que el funcionario estadounidense realizó al país, en la que se acordó privilegiar el vínculo entre ambos países y que -una semana después- se diera a conocer la fuerte sanción aplicada provisoriamente por el Departamento de Comercio que supera incluso el pedido formulado por los productores norteamericanos de biodiésel. En la reunión con Cooney «se resolvió explorar los mecanismos previstos en la normativa estadounidense a fin de permitir a los sectores privados argentino y de Estados Unidos llevar adelante un diálogo con el objetivo de arribar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, para lo cual es necesaria la intervención del Departamento de Comercio», precisó la Cancillería en un comunicado.
YPF: vende el 70 por ciento de las acciones de Metrogas y le da un meganegocio al Citigroup
La petrolera estatal YPF venderá el 70 por ciento de las acciones que posee de la distribuidora Metrogas. Para concretar la privatización, la empresa contrató al Citigroup, lo que le asegura al gigante estadounidense una jugosa comisión. La compañía petrolera estatal YPF venderá el 70 por ciento de las acciones que tiene en su poder de la distribuidora Metrogas, en el marco de un negocio que podría alcanzar los mil millones de dólares y que se convertiría en la mayor fusión/adquisición del año en el país. La novedad sobre la privatización se conoció luego de que tracendiera que YPF contrató al Citigroup para concretar la operación, lo que le asegura al gigante financiero estadounidense jugosas comisiones. Según publicó la agencia internacional Bloomberg, el Citigroup fue seleccionado «entre más de diez bancos de inversión para asesorar sobre lo que podría ser la mayor operación de fusión / adquisición del año en la Argentina». Este año, YPF había dejado en manos del responsable financiero (CFO) de la empresa, Daniel González Casartelli, un exbanquero con experiencia en fusiones y adquisiciones, el manejo de Metrogas y otras subsidiarias, en el marco de un plan de «desinversión»/ privatización, de activos «no centrales» para la compañía. Desde lo formal, la petrolera estatal busca adecuarse a regulaciones del sector. Es que, de acuerdo a esas normas, la distribuidora Metrogas debe estar controlada por una empresa que no produzca gas. La gestión de la expresidenta Cristina Kirchner había permitido la situación actual como una excepción. Pero ahora se avanza con la «desinversión» que de hecho pasa una compañía de manos de una empresa con control estatal a manos privadas. La decisión de salir a vender activos por parte de YPF la dio a conocer el año pasado el CEO de la empresa nombrado durante la gestión del presidente Mauricio Macri, Ricardo Darré, luego de que en el segundo trimestre la compañía informara sobre pérdidas récord. En ese contexto, YPF se desprendería también y pasaría a manos privadas Profertil, el mayor productor local de fertilizantes.
Stella, mamá de Maldonado: «A Santiago se lo llevó Gendarmería sólo porque estaba ahí»
Cuando está por cumplirse un mes de la desaparición del mochilero en Chubut, sus padres rompieron el silencio. «Lo que nosotros queremos es que nos digan dónde está, que aparezca. Porque nosotros no podemos más, estas cosas no pueden pasar», reclamaron. Santiago Maldonado desapareció en Chubut tras una protesta en la que testigos aseguran que se lo llevó Gendarmería. Casi un mes después, sus padres rompieron el silencio en una dura entrevista. «A Santiago se lo llevó la Gendarmería», aseguró Stella, la madre de Maldonado, al diario La Nación. Además, explicó: «Se lo llevaron sólo porque estaba ahí, porque había ido a despedirse a un amigo». «Lo que nosotros queremos es que nos digan dónde está. Que aparezca, porque nosotros no podemos más. Estas cosas no pueden pasar», reclamó. Ante las versiones que intentan negar la desparición forzada por parte de Gendarmería, Enrique, el padre de Santiago, fue contundente: «Si él estuviera en Entre Ríos o en otra parte como decían algunos medios, ¿no iba a venir a vernos? ¿Nos iba a dejar sufriendo así? Eso es imposible» «Es amigo de todos, pero no es de RAM. No sé qué habrán hecho ellos, si son forajidos como dicen. Pero Santiago no es de ellos», sentenció Enrique.
