Por presión de empresarios, buscan bajar costos laborales e impulsar los cambios en los convenios colectivos.
El Gobierno nacional prepara una profunda reforma laboral para después de octubre en caso de salir victorioso de las elecciones legislativas. Envalentonados por lo ocurrido en Brasil, desde el sector empresario le piden replicar una normativa similar aquí para reducir los «costos laborales» y modificar los convenios colectivos como ya hizo con los trabajadores de Vaca Muerta.
Según consignó El Cronista Comercial, el Gobierno evalúa cambios en las leyes laborales aprovechando el envión que le significó la leonina reforma que impulsó el gobierno de Michel Temer. Entre los cambios principales que se dieron en aquel país, permite los «acuerdos» entre trabajadores individuales y empresarios por sobre los acuerdos colectivos, debilitando la capacidad de negociación, además de «permitir» que las embarazadas hagan trabajos insalubres y se extienda la jornada laboral hasta 12 horas.
El matutino económico informó que parte del gabinete ve en este un contexto favorable para avanzar en cambios más profundos que algunas cuestiones de maquillaje. Para eso, estiman, necesitan salir airosos con un triunfo contundente en las elecciones de octubre, que tendrá a la provincia de Buenos Aires como epicentro.
Mientras tanto, tiene en carpeta un denominado «blanqueo laboral», que implica perdonar de cargas patronales a las empresas que tomen nuevos trabajadores por un lapso determinado, además de un régimen de pasantías y la chance de abrir una moratoria para las empresas que regularicen a sus trabajadores en negro.
Pero además, el Gobierno planea «modernizar» los convenios colectivos de trabajo, eufemismo utilizado para flexibilizar las condiciones de contratación. El ejemplo modelo es el de los petroleros de Vaca Muerta, que aceptaron reducir la cantidad de empleados por pozo y dejar de percibir horas extra a cambio, supuestamente, de incrementar las inversiones que contraten más trabajadores. En los primeros 3 meses de la firma de la adenda al CCT, la cantidad de trabajadores en el sector «minas y canteras», que incluye al petróleo, se redujo de 79 a 78 mil.
