La directora de la ONG Casa del Encuentro, Ada Rico, afirma que la nueva ley repara a los chicos más vulnerables.
La primera vez que La Casa del Encuentro presentó el proyecto para que los femicidas pierdan derechos ante sus hijos fue en 2014. Entonces todavía se hablaba de pérdida de patria potestad, término que fue modificado en el Nuevo Código Civil de 2015. Los fundamentos de aquel proyecto eran claros: “Los niños y niñas víctimas del Femicidio deben sobrevivir al horror, han sido víctimas de la violencia y testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la han padecido físicamente, sexual y en todos los casos psicológicamente. La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. La situación se vuelve desoladora no sólo porque pierden a su madre sino también a su padre, quien estará ausente, por encontrarse prófugo, suicidado o preso. Es indispensable que el padre que asesinó a su madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos”. Finalmente ayer se convirtió en ley. “Es muy importante que se haya aprobado, y en realidad la ley avanza sobre lo que nosotros habíamos planteado, ya que también se pierde la responsabilidad parental por un intento de femicidio y por el abuso sexual a los hijos”, explica Ada a Clarín.
Justamente el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro -que hace prácticamente las únicas estadísticas que hay en el país desde 2008- fue nombrado Adriana Marisel Zambrano en homenaje a una joven de 28 años de Palpalá, Jujuy, que fue asesinada a golpes por José Manuel Alejandro Zerda, de 29 años, que fue condenado por “homicidio preterintencional” y sentenciado a 5 años de prisión por asesinar a su ex pareja y madre de su hija que en ese momento tenía sólo nueve meses. Zerda está por salir de la cárcel y pide ver a su hija, que no quiere.
La privación de responsabilidad parental entonces se dará en los casos de condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidios, lesiones gravísimas contra el otro progenitor o contra un hijo, y abuso sexual contra un hijo. Las mujeres que hayan matado a sus parejas no serán suspendidas en su patria potestad si hay indicios de que mataron en caso de sufrir episodios de violencia de género.
El Senado también aprobó la Ley Brisa, que consiste en una reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar hacia sus progenitores. Es que con su madre muerta y su padre preso, prófugo o suicidado estos niños suelen terminar viviendo con familiares que en muchos casos no pueden mantenerlos. Así, esto no está planteado como una ayuda ni un subsidio, sino como una reparación económica por parte del Estado hasta que cumplan 21 años y brinda también cobertura integral de salud para los niños, niñas y adolescentes. Ahora deberá tratarlo Diputados. Dice Ada: “Es importante que salga esta ley porque es una reparación económica para víctimas colaterales de femicidio. Sirve para que se cumplan sus derechos”.
